Oruro se convirtió en los últimos días en una ciudad donde la hostilidad, el caos y las agresividades sueltas han desportillado los mecanismos que las controlan y civilizan. La manzana de la discordia: la imposición de nuevas tarifas por parte del autotransporte en desmedro de la población. Al respecto, hay que entender que la exigencia de este sector se ampara en un estudio de costos realizado por el municipio, que en ningún momento fue aprobado y puesto en vigencia por el Legislativo municipal. Empero, los dirigentes del autotransporte lo utilizan como “bandera prosaica” para sustentar sus violentas imposiciones. “Imposiciones ilegales», desde luego, ya que un sector no puede usurpar una competencia que corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (artículo 302 de la Constitución y leyes 482 y 031) y normativas conexas.

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