Mientras ardían los montes y Ceuta afrontaba una invasión en toda regla, España entraba en agosto, manteniendo el inconmovible descanso estival, instalada en un clima de suspensión de la realidad, agravado por un gobierno acéfalo y una opinión pública estupefacta por el espectáculo de abandono de responsabilidades.

Llegaron explicaciones, acusaciones, comparecencias y versiones contradictorias. Primero suceden las cosas. Luego intentamos comprenderlas. Cuando llegan las disquisiciones, ya estamos ocupados con la emergencia siguiente.

Incendios, inmigración, pendencia parlamentaria, corrupción. Cada problema puede discutirse por separado. Pero el ciudadano no los vive por separado. Los recibe todos a la vez.

Ceuta es el acontecimiento más desconcertante del verano: en veinte kilómetros cuadrados se han concentrado soberanía, frontera, seguridad, inmigración y derechos humanos. Miles debían ser atendidos; los menores, protegidos; los residentes, amparados por servicios que no podían detenerse. Los juzgados llegaron a registrar doscientas denuncias diarias mientras los refuerzos no se incorporarían hasta septiembre. El Estado llega tarde.

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