En México, denunciar la corrupción es un acto de resistencia. Y tiene precio, uno muy alto.

Uno de los retos más grandes a los que se enfrentan las personas día a día en México es denunciar la ilegalidad. Desde hace varios años no solo he sido testigo de ello, lo he vivido en carne propia. Con técnica, sí, pero sobre todo con la convicción de que el destino de este país no puede seguir siendo la impunidad. Vivimos en un país con una de las cifras negras más altas del mundo: más del 90% de los delitos ni siquiera llegan a conocimiento de las autoridades, y ya no hablamos de los que se convierten en carpetas de investigación, y mucho menos de sentencias o reparación del daño. ¿Por qué? Porque no confiamos en las autoridades. Y cuando nos atrevemos a confiar, muchas veces son ellas mismas las que nos enseñan a no volver a hacerlo.

Lo que me he encontrado, una y otra vez, son ciudadanos tratando de ser escuchados, personas que solo quieren que llegue el agua a su casa, que no les roben la luz, que se respete a su comunidad. Estando en el Sistema Nacional Anticorrupción, primero como integrante y después como presidenta, escuché y traté de canalizar decenas de denuncias ciudadanas, desde temas menores hasta entramados complejos de corrupción. Hasta ahora los resultados han sido mínimos.

Denuncié lo que pasa en Pemex y las redes criminales de las que emerge el poder de personajes relevantes del partido en el poder, como el senador Adán Augusto. Denuncié también las tropelías del propio SNA: una estructura........

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