Las señales que llegan desde el Gobierno sobre el futuro de las concesiones viales no pasan inadvertidas. En medio de un panorama fiscal complejo, la infraestructura empieza a quedar expuesta a decisiones que, bajo el argumento del ajuste presupuestal, ponen en entredicho compromisos de largo plazo determinantes para el desarrollo del país. No se trata de un debate menor. Está en juego la confianza en un modelo que ha permitido avanzar en conectividad, competitividad y cierre de brechas regionales.

La preocupación se fundamenta en hechos concretos. La terminación anticipada del contrato, en los primeros días del año, del corredor de carga Barranquilla-Cartagena fue el preludio. Allí, al margen de cualquier discusión, quedó demostrada la ausencia de gobernanza institucional en la adecuada gestión de un proyecto estratégico para el país.

Semanas después se sumó el recorte de vigencias futuras –anunciado por el propio presidente Petro– para obras neurálgicas como el canal del Dique y la vía Mulaló-Lobo Guerrero. La decisión, que desde la lente técnica sembró enormes preocupaciones, generó........

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