La contratación pública debe responder siempre al interés general, con mayor razón cuando un gobierno se encuentra a pocos días de terminar, y cuando quienes entregan el poder deben dejar claro, con actos, que su prioridad es la sociedad y no su proyecto político. Por eso resulta muy preocupante la carrera contrarreloj emprendida por distintas entidades del Gobierno Nacional para adjudicar, en apenas un par de semanas, contratos que sumarían cerca de tres billones de pesos.

No existe justificación ni presentación para una maratón contractual de semejante magnitud. Desde cualquier concepto de buen gobierno y virtuosa administración de lo público, y sobre todo desde un punto de vista ético, es inaceptable que procesos de esta envergadura sean impulsados con semejante premura a estas alturas. Más aún cuando varios de ellos ya........

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