Opinión ¿Quién decide que un país se prepare para la guerra?

“Si quieres la paz, prepara la paz”. Con ese principio denunciábamos la nueva Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad que incorporada de rondón a los Presupuestos de 2026 alteró uno de sus pilares esenciales para permitir que las políticas públicas de promoción económica pudieran apoyar proyectos militares vinculados a tecnologías de doble uso y, con ello, facilitar el acceso de la industria militar vasca a fondos públicos.

La disposición final décima de la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi 2026 modificó el artículo 10.4 de la Ley 3/2024 de Cooperación al Desarrollo, de tal manera que la prohibición para que el sector público colaborara con las empresas dedicadas a la producción o comercialización de armamento y tecnología de uso militar quedara sin efecto en todos aquellos usos que se encuadrasen en la Estrategia Europea de Seguridad (EES).

Entonces se dijo que se trataba de una adaptación necesaria. Que Europa había cambiado. Que el nuevo contexto geopolítico obligaba a revisar antiguos límites. Que Euskadi no podía quedarse al margen de la nueva estrategia industrial europea, etc.

No hubo un proyecto de ley específico. Se evitó el debate social, no hubo un proceso de participación ciudadana acorde con la trascendencia del cambio. Una decisión que redefine la relación entre las instituciones públicas y la industria militar quedó integrada en la negociación presupuestaria como si se tratara de una cuestión técnica o burocrática. Pero no lo era. Estamos hablando de un cambio profundo del modelo de desarrollo que se propone para Euskadi. Vergonzosamente, la guerra ha dejado de contemplarse como un fracaso de la política para convertirse en un motor de la política industrial. La paz ya no aparece como horizonte de la innovación tecnológica; el rearme comienza a presentarse como una oportunidad económica y de negocio. Y la cooperación internacional deja de actuar como límite ético para convertirse en un verdadero obstáculo que debe ser corregido.

Las paradojas y el freno a la cultura de paz

Sin embargo, ahora sabemos que esa decisión encuentra un obstáculo inesperado. El Gobierno Central ha anunciado que estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la modificación aprobada por PNV y PSE al considerar que podría invadir competencias estatales y plantear problemas de constitucionalidad. Si bien el Concierto Económico otorga un margen de maniobra para impulsar el tejido industrial de los territorios históricos, la “Defensa” es una competencia exclusiva del Estado, por lo que el Ejecutivo vasco no........

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