POLÍTICA DE MIGRACIÓN

España hace equilibrios con el pacto migratorio: negará la residencia humanitaria pero rechaza externalizar centros de internamiento

La entrada en vigor de la primera norma europea sobre migración lleva al Gobierno a aceptar su aplicación y a marcar sus propios límites respecto a la UE

Entra en vigor el Pacto Migratorio que blinda las fronteras de la UE

Inmigrantes tras un naufragio en 2024. / Adriel Perdomo / EFE

El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) entra este viernes en vigor y obliga a aplicar cambios inmediatos en la política migratoria de España, al tratarse de la primera legislación de ámbito comunitario que establece derechos y obligaciones a los estados miembros. El texto se planteó por primera vez a nivel europeo en 2020, echó a andar en diciembre de 2023, bajo la Presidencia rotatoria de España en el Consejo Europeo, y se aprobó definitivamente en 2024 con el apoyo de socialdemócratas, populares y liberales europeos.

Pero la postura del Gobierno que preside Pedro Sánchez dista mucho del apoyo cerrado al nuevo reglamento, y aunque celebra algunos puntos del acuerdo -ser beneficiaria de los mecanismos de solidaridad-, rechaza de plano el Reglamento de Retorno, el más polémico y el que contempla entre otras cosas la creación de centros de internamiento en terceros países, una medida a la que se ha opuesto abiertamente.

Rechazo al Reglamento de Retorno

Desde el Gobierno trasladan su rechazo frontal a este reglamento, uno de los nueve que componen el pacto y que está aún pendiente de su aprobación definitiva, a falta de votarse en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Justifican su rechazo en dos razones. La primera es que cree que "da pasos hacia atrás" en la creación de un sistema común de retorno, como el que ya opera en materia de asilo o fronteras. Considera que deja demasiados aspectos en manos de legislaciones nacionales, "perjudicando la armonización" entre estados miembros.

El segundo motivo es de carácter humanitario. El Gobierno, en una nota difundida del Ministerio del Interior, cree que el reglamento debe salvaguardar "la dignidad, la seguridad y las adecuadas garantías jurídicas, de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad". Una condición que no se cumple, a su juicio, con los centros de........

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