Hay cosas que ninguna ley podrá resolver, ni con los mejores estándares, es la acción de no asumir la responsabilidad debida y más aún desconocer el ámbito de responsabilidad que la ley ha mandatado a una institución.

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública a inicios del año 2009, se consagró de forma definitiva el derecho de las personas de conocer los procedimientos, contenidos y decisiones que se adoptan en el ejercicio de la función pública. Considerando que “es pública la información elaborada. Con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración” salvo que exista una excepción sobre ella de acuerdo con el artículo 5° de la citada ley.

Uno de los problemas prácticos que suscita dicho derecho de las personas y la correlativa........

© el mostrador