La justicia como límite del poder / .

Cuando el poder señala al juez que investiga, no discrepa: cruza una línea. En ese gesto no se cuestiona solo una resolución, sino la legitimidad de quien aplica la ley.

Conviene recordar que la Constitución no es retórica cuando proclama que España es un Estado social y democrático de Derecho, cuyos valores superiores son la libertad, la justicia y el pluralismo político. Es un compromiso estructural: la justicia exige reglas de juego que no pueden ser erosionadas por quienes están obligados a respetarlas.

La independencia judicial –piedra angular de la convivencia– no puede reducirse a un mero enunciado normativo. Es una práctica exigente que obliga, en primer lugar, al respeto institucional a las resoluciones judiciales, también cuando resultan incómodas o políticamente inoportunas.

Ese respeto alcanza, de manera especial, a quienes ostentan responsabilidades públicas. Resulta particularmente preocupante cuando ese deber se resquebraja desde el propio Consejo de Ministros.

Las críticas vertidas contra el juez instructor de la causa que afecta al entorno familiar del presidente del Gobierno –con insinuaciones sobre una supuesta intencionalidad política– no constituyen una discrepancia jurídica. No se cuestiona una resolución: se pone en duda a quien debe aplicarla. Se introduce así una sospecha de parcialidad que erosiona la función jurisdiccional.

Sugerir que una investigación judicial puede «violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente» implica invertir el orden constitucional. En un Estado de Derecho no es la justicia la que se somete a la política, sino la política la que debe someterse a la ley.

Ese desplazamiento no es inocuo. En el contoneo –cada vez menos disimulado– de anteponer la fidelidad al líder a la descalificación de jueces, la balanza institucional se desequilibra peligrosamente. Y cuando esa inclinación se produce desde el poder ejecutivo, el daño no es retórico: es estructural.

La historia del Estado de Derecho es, en esencia, la historia de una conquista: sustraer la resolución de los conflictos a la fuerza y confiarla a jueces profesionales. Como advirtió García de Enterría, es una lucha contra las inmunidades del poder. Cuando esa confianza se resquebraja, la sociedad retrocede. Sin jueces independientes, la alternativa no es más democracia, sino más arbitrariedad.

En este contexto, el papel del Consejo General del Poder Judicial adquiere una relevancia singular. Su presidenta –también del Tribunal Supremo y primera mujer en ocupar el cargo– ha optado por una intervención ajena a la estridencia. Esa contención, sin embargo, no la ha sustraído a presiones que diversos medios han descrito y que dibujan un clima impropio de una democracia madura.

Es revelador que, tras un Consejo de Ministros, se invoque la libertad de expresión para justificar críticas a resoluciones judiciales. Es una coartada débil. La libertad de expresión no ampara el deterioro de las instituciones, del mismo modo que no lo sería que un ministro de Defensa la utilizara para desacreditar a la cúpula militar.

El juez instructor podrá equivocarse –y de hecho ha sido corregido en algunas resoluciones por instancias superiores–, pero esa posibilidad no debilita la independencia judicial: la refuerza.

El sistema prevé mecanismos de revisión. La crítica jurídica tiene cauces; la deslegitimación política, no. Por eso, el respeto a la independencia judicial exige algo más que declaraciones formales: requiere aceptar incluso las decisiones que se consideran erróneas, precisamente porque existen procedimientos para su corrección.

Lo contrario es abrir la puerta a una justicia condicionada por el clima político del momento, donde cada resolución se mide no por su fundamento jurídico, sino por su utilidad o incomodidad para el poder.

El reciente respaldo del Consejo y de asociaciones judiciales al magistrado cuestionado no es un gesto corporativo, sino una reacción institucional ante un patrón preocupante: la erosión de la confianza en los jueces. Cuando esa confianza se socava, no se cuestiona solo a un juez concreto, sino al conjunto del sistema.

Porque cuando la independencia judicial deja de ser innegociable, lo que está en juego no es una institución, sino el propio Estado de Derecho.

Y cuando ese límite se diluye, el poder deja de someterse a la ley y empieza a imponerse por sí mismo.

Entonces ya no está en juego una discrepancia, sino la calidad misma de la democracia.

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