El juicio de responsabilidades se activa en contra del presidente y vicepresidente del Estado cuando están en el ejercicio de la función pública. No aplica para exgobernantes porque su objetivo fundamental es precisamente garantizar la gobernabilidad y estabilidad del Estado. Este proceso penal especial está a cargo del tribunal supremo de justicia, cuando se les imputa la comisión de delitos o graves infracciones a la Constitución o las leyes. La Constitución boliviana de 2009 establece que la Asamblea Legislativa deberá autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente del Estado (art. 161.7 CPE). Por lo tanto, están excluidas de este fuero especial las exautoridades nacionales.

La Ley 044 de 2010 regula este proceso penal especial y exige: a) La acusación la tiene el fiscal general del Estado; b) El tribunal supremo de justicia se constituye en el órgano jurisdiccional competente para conocer y juzgar al presidente y vicepresidente del Estado; c) Que el hecho punible se haya consumado en el ejercicio de sus funciones públicas; y, d) Que haya una autorización expresa de la Asamblea Legislativa por dos tercios de los miembros presentes, cuya........

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