Gobiernos, corporaciones e instituciones internacionales concurren a Venezuela para mantener el statu quo de un régimen cuyos dirigentes aparecen retratados en carteles de “Se busca” en los que se ofrecen millonarias recompensas por sus cabezas. Un régimen que durante 25 años ha ocupado las instituciones borrando los límites entre gobierno, Estado y nación. Un país donde no existe el Estado de Derecho ya que fiscales y jueces obedecen sin ningún pudor las órdenes del ejecutivo. De allí, la asertiva pregunta que formula Asdrúbal Aguiar sobre “El mecanismo” del acuerdo promovido por los facilitadores noruegos del Acuerdo de Barbados para estudiar las posibles habilitaciones políticas, entre éstas la de María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición: “¿Cómo se hace para habilitar a una persona que formal y legalmente no se encuentra inhabilitada, a través de un amparo constitucional interpuesto ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Dado lo real y objetivo, no ha mediado en el caso de Machado un juicio penal ni una condena definitivamente firme que la haya inhabilitado, tal como lo exige la propia Constitución y lo demandan los estándares normativos internacionales sobre derechos humanos?” (Asdrúbal Aguiar, Noruega y la “legalización de la ilegalidad” en Venezuela, El Nacional, 04/12/2023). Sin embargo, “han endosado al gobierno y oposición, más que una ilusión óptica un verdadero fraude. Es un intento de legalización de la ilegalidad”, que no hace otra cosa que “normalizar la........

© Analítica