La renuncia de Samuel García a la candidatura de Movimiento Ciudadano ha revelado insuficiencias y deficiencias del andamiaje electoral, dejando claro que la normativa da ocasión a artificiosos escenarios de incertidumbre, o al menos, de indefinición que, tarde o temprano, tienen que ser dilucidados por los tribunales. El penoso episodio que vivió Nuevo León hace patente que la justicia no sólo tiene que ser expedita, sino también oportuna. Parece lo mismo, pero no lo es, la velocidad de los procesos es una cosa, y resolver las disputas antes de que se causen enormes perjuicios a la colectividad es otra.

En el asunto de marras es innegable que la laxitud con la que se permitió a jueces, carentes de competencia en el asunto, enturbiar y enrarecer el ambiente político en aquella entidad, contribuyó de manera significativa a enfrentar a poderes constituidos, haciendo pender su capacidad de ejercer potestades constitucionales de los inusitados alcances de una medida cautelar prevista en nuestra Constitución, la cual, no tiene, ni puede tener, el efecto de alterar el correcto despacho de los asuntos públicos, ni de afectar el orden social.

La aparente falta de claridad en el régimen de licencias permitió al precandidato construir, durante algunas semanas, un entorno en el que, suspendidos los efectos de su cargo como gobernador, pudo hacer uso de recursos y potestades que sólo corresponden a quien ejerce ese cargo, sin que las autoridades electorales frenaran, de manera oportuna y decidida, tal abuso. Es claro que la suma de dos autorizaciones para dejar provisionalmente el cargo de gobernador, al ser éstas prácticamente sucesivas, no fue sino una vulgar y grotesca simulación que, sin razón ni derecho, dio lugar a que los de seis meses máximos de licencia, se convirtieran en siete, burlando el mandato del constituyente.

Las licencias son límites, y no permisos, están establecidas en favor de la colectividad, y no en favor de quien ejerce un cargo. Son extraordinarias y están sujetas a un estricto régimen, el cual, de ser violentado, en el caso de Nuevo León, da lugar a ser acusado por abuso........

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