La supresión funcional de los poderes constitucionales, en un caso, por captura, y, en otro, por anulación legislativa, derruirá la división de poderes. Esto es, se pretende que vivamos una simulación que haga letra muerta el apartado constitucional en el que se indica cómo debe ejercerse el supremo poder de la Federación.

A partir de tal engaño, se desdibujará el modelo que el Constituyente trazó en 1917. Es oportuno recordar que todo comenzó con una aberrante sobrerrepresentación en el Congreso, la cual, permitió una andanada de reformas a nuestra Carta Magna que mermaron la efectiva tutela a los derechos fundamentales. La prisión preventiva oficiosa, así como la alusión a un tipo penal abierto, denominado corrupción, fueron urdiendo una red que permitió al Ejecutivo Federal establecer una autocracia que, hasta la fecha, parece irresistible.

Se acudió a figuras que, estando prohibidas en los estados de derecho, aquí fueron propuestas en nombre del combate a la corrupción, pero que, en realidad, fueron diseñadas para acosar, intimidar y amagar a encumbrados personajes de la vida nacional. De esta forma, mientras está prohibida la confiscación, se postuló la necesidad de llevar a la práctica la extinción de dominio. Ambas figuras conviven en el texto constitucional, pero las diferencias entre ellas han desaparecido.

Quienes defendieron la autoritaria medida invocaron la necesidad de privar al crimen organizado, y a los grandes consorcios dedicados a actividades ilícitas, de las ganancias generadas mediante la comisión de delitos, sin embargo, esquizofrénicamente, se propaló la idea de que el combate a la delincuencia se haría mediante medidas de largo o larguísimo plazo, atacando las muy remotas causas de la criminalidad, y, así se implantó la absurda engañifa conocida como “abrazos, no balazos”. Con esa táctica promotora del crimen, las draconianas medidas terminaron aplicándose sólo a empresarios no afines, a quienes se calificó como adversarios.

En ese contexto, se colocó en manos de un inexperto e impreparado funcionario una de las más graves y complejas atribuciones de estado, el congelamiento de cuentas. Así es, sin un conocimiento probado, ni mucho menos experiencia en el campo financiero, se dotó a un resentido fiscal electoral,........

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