Seguimos polarizados. Más que nunca, quizá. Las elecciones fueron apenas un preámbulo, un primer escalón para esta temporada que México sufre.

Ahora se trata de la reforma al poder judicial, un asunto que el presidente López Obrador sabe perfectamente que no es solamente controversial, sino conflictivo en todas las esferas locales e internacionales.

Quizá por eso esperó hasta sus últimos días como presidente, para lanzar esta potente iniciativa, que tiene paralizado a los trabajadores del Poder Judicial en la mayoría del país; pero también en vilo a la economía mexicana, que tambalea ante cambios tan drásticos.

Antes que nada debemos comprender que la Constitución mexicana ha costado mucha sangre durante los 200 años que tiene de vida, la cual ha sido transformada en seis ocasiones. La de 1917, la que nos rige actualmente.

Nuestra actual Carta Magna es el resultado de una fuerte batalla revolucionaria. Ha sido modificada en más de 700 ocasiones, buscando adecuar el marco legal a los cambios sociales, políticos y económicos que hemos experimentado, en un país que apenas está conociendo los primeros pasos democráticos.

Las reformas no pueden ser un simple “albazo”, consisten en un proceso legislativo que debería ser metódico, democrático y científico. En México, aunque el presidente puede crear iniciativas para crear o modificar leyes, el poder para hacer reformas constitucionales recae principalmente en el Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. Para que una reforma sea aprobada, se necesita el voto favorable de dos tercios de los miembros de ambas........

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