La legalidad es un principio fundamental en un sistema de justicia y de Estado de derecho. Las leyes establecen las pautas para las acciones y las consecuencias legales de las mismas, lo que proporciona un marco para la toma de decisiones y la resolución de conflictos en una sociedad.

El gobierno de López Obrador hace ya varios años envía señales, y en algunos casos con hechos, que el principio de legalidad para llevar a cabo la transformación ha sido una herramienta elástica; se utiliza para fines de agenda y de prioridades presidenciales.

La ley es flexible. Capaz de doblarse, estirarse o ajustarse fácilmente. Basta y sobra una instrucción o una (in)directa desde el atril mañanero para que el rebaño moreno en perfecto nado sincronizado modifique normas y cumpla con el resultado. Nada de sale del script presidencial.

Y nadie transgrede la frontera morenista. Esa delgada línea imaginaria que marca la dicotomía entre el bien (ellos) y el mal (millones de mexicanos).

El discurso polarizante donde se expresarán opiniones, argumentos o ideas exacerbando las diferencias y divisiones está entrando en una fase, para decirlo lisa y llanamente, turbo. Aprovechando los tiempos electorales en la arena política, se aumentarán los puntos de presión social y se forzarán coyunturas locales en un contexto de muy alta volatilidad y de conflictos latentes no resueltos en amplias regiones del país.

La amenaza creíble de la participación del crimen organizado en el proceso electoral no debe ser subestimada ni menospreciada, ejemplos sobraron en la pasada elección intermedia.

Sin embargo, el contexto ha variado en estos últimos dos años.

El empoderamiento de las células delictivas es un factor de alto riesgo en escenarios electorales, pero sobre todo cuando se está alterando el statu quo en el mapa delincuencial.

Y esto tiene un impacto directo en el comportamiento de sus integrantes y sus alianzas estratégicas. La espiral de violencia que se está viviendo en una región como Chiapas y en la Sierra Mixteca en Oaxaca debería encender las alertas domésticas. El conflicto latente por disputas territoriales está rebasando a las autoridades locales y la lucha por el trasiego de ilícitos y el control de algunas zonas están creando una problemática adicional. La ola de asesinatos no parece detenerse y en medio de un torbellino electoral no se ve la luz al final del túnel de sangre.

La acalorada discusión política y la ebullición de las campañas sin un árbitro imparcial para hacer cumplir las reglas y garantizar un desarrollo justo y ordenado, puede abonar a un escenario de ingobernabilidad. Y el disparador de la molestia latente en el ánimo ciudadano puede detonarse de circunstancias impredecibles y/o difíciles de controlar que van a influir significativamente en el curso de los acontecimientos rumbo al 2024.

Y son estos imponderables los que van a desafiar la planificación presidencial y la toma de decisiones en la arena opositora. Asumir en exceso que poco puede cambiar es abrir el abanico de riesgos y México transita por un momento crítico en donde además subyacen los intereses geopolíticos y estratégicos.

Esos mismos que nunca subestiman los riesgos potenciales.