Ante la constante propaganda sobre un “poder judicial corrupto”, emergen casos que nos recuerdan la existencia de las fiscalías, esas instituciones que son más olvidadas que el regalo de un intercambio navideño laboral. Esta semana, nos sacudió el caso de Esmeralda, una adolescente indígena de 14 años acusada por la fiscalía de Querétaro de homicidio calificado tras sufrir un aborto espontáneo como consecuencia de una violación perpetrada por un familiar.

Este caso nos conmocionó profundamente, pues evidencia que las instituciones no han dejado de criminalizar los derechos reproductivos de las mujeres. No solo eso: ahora están utilizando delitos aún más graves, ignorando el derecho progresivo de las adolescentes a su propia protección y desarrollo. Es alarmante que la fiscalía haya permitido la difusión de documentos de la investigación, además de........

© El Universal