El problemático pacto fiscal de la UE, calificado en su día de “estúpido” por el expresidente de la Comisión Romano Prodi, ha llegado a su fecha de caducidad. Los países llevan años ignorándolo alegremente. Y ahora el bloque quiere revisarlo. La propuesta es un paso adelante. Pero con el desafío climático a punto de poner a prueba las finanzas públicas, el debate debe pasar rápidamente a más fondos conjuntos de la UE.
Hace tiempo que debería haberse reformado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, creado en 1997. Nacido del Tratado de Maastricht de 1992, que allanó el camino al euro, el marco pretende limitar los déficits nacionales al 3% del PIB de cada país y la deuda de los Gobiernos al 60%. Pero las normas fiscales se han incumplido repetidamente, incluso en países supuestamente ahorradores como Alemania, sin mayores consecuencias. La deuda media de la UE ha estado siempre por encima del objetivo del 60%. Ahora está en el 83% del PIB, y por encima del 100% en seis de los 19 miembros de la zona euro.
El marco se volvió inútil cuando la pandemia obligó a las naciones a gastar a lo grande para sostener sus tambaleantes economías, y está congelado hasta finales de 2023.
La propuesta de renovación del pacto fiscal, ahora en discusión, supone una mejora. Mantendría intactos los objetivos originales de déficit y deuda, para evitar un laborioso cambio de tratado. Pero centra el análisis presupuestario en el gasto neto. Este se define como el gasto público menos los pagos de intereses de la deuda y las medidas consideradas extraordinarias, como el aumento de las prestaciones por desempleo en una recesión. Confiar en un único indicador promete más transparencia y coherencia. Pero eliminar de los cálculos los costes de los intereses de la deuda podría dar una ventaja injusta a prestatarios voraces como Italia y Grecia, ocultando al mismo tiempo el tamaño real de sus problemas fiscales.
La otra característica principal del nuevo pacto propuesto es que los Estados que incumplan sus objetivos tendrán al menos cuatro años, y hasta siete, para mejorar su situación fiscal. La razón es que las reformas para impulsar el crecimiento pueden requerir inversiones iniciales que aumenten la deuda de un país a corto plazo. La Comisión Europea acordaría los objetivos en conversaciones bilaterales en las que se tendrían en cuenta las características económicas y los ciclos específicos de cada país. Es un cambio positivo respecto al actual planteamiento de talla única. Para garantizar su cumplimiento, los países que no cumplan sus compromisos de reforma e inversión verán acortado su periodo de ajuste fiscal. La Comisión también nombrará y avergonzará a los países incumplidores en fichas de puntuación públicas. Esto puede ser más eficaz que amenazar con multas que nunca se materializan.
No todo el mundo está contento. El ministro de Economía alemán, Christian Lindner, quiere objetivos claros de reducción de la deuda y el déficit. A la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le gustaría excluir gastos como los de defensa. Y a varios Estados les preocupa dar a la Comisión demasiada influencia sobre los presupuestos, declararon autoridades de la UE a Breakingviews. Pero el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, se mostró optimista el 9 de noviembre sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Alemania en unas semanas, antes de alcanzar un acuerdo paneuropeo a finales de año.
Un nuevo mundo de deuda
Pese a todo el afán reformista de Bruselas, las futuras normas de endeudamiento de Europa ignoran un elefante gigante en la habitación: el cambio climático. Para hacer frente a este reto, la UE deberá invertir 620.000 millones más al año de aquí a 2030, es decir, casi el 4% del PIB anual del bloque el año pasado. El dinero paneuropeo para hacer frente al Covid y otros fondos públicos conjuntos, que equivalen a en torno al 1% del PIB, ayudarán a sufragar algunas inversiones verdes. Pero estos recursos se agotarán tras 2026. Por su parte, EE UU se propone conceder créditos fiscales y subvenciones a sus principales industrias ecológicas durante una década.
Una forma de resolver el inminente dilema de la deuda es que la UE prorrogue la suspensión de su régimen de ayudas estatales para permitir que cada país ofrezca incentivos a las industrias ecológicas y estratégicas. Pero los países con poco margen fiscal, como Grecia, Italia o España, tendrán dificultades para hacerlo con eficacia. Alemania, con una deuda de solo el 66% del PIB, ha prometido casi 14.000 millones en subvenciones a los fabricantes de chips Intel y TSMC. Pero una sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de noviembre puede echar por tierra el plan del canciller Olaf Scholz de crear un fondo de transición verde de 60.000 millones.
Otra opción es eliminar las inversiones ecológicas de los cálculos de déficit de las normas fiscales. Pero diferenciar las inversiones de los gastos corrientes puede resultar complicado. Y, en todo caso, los inversores en bonos detectarían qué deudas nacionales están aumentando demasiado rápido. También es buena idea usar los ingresos de los permisos de emisión de carbono y los aranceles impuestos a los productos con alto contenido de carbono importados a la UE para pagar proyectos ecológicos. Pero a partir de 2026 solo se obtendrán 13.000 millones al año.
La emisión de fondos comunes de la UE en los mercados de deuda, como los 800.000 millones que aprobó el bloque para combatir las consecuencias del Covid, parece el planteamiento más sensato para afrontar el creciente desafío ecológico conjunto. El dinero, que no afectará directamente a las finanzas públicas nacionales, podría usarse para financiar proyectos considerados estratégicos para todo el bloque, como una mayor capacidad de energía solar y eólica, una amplia red de recarga eléctrica y mejores formas de reciclar materiales críticos. Alemania y otros países ricos se oponen a cualquier forma de endeudamiento común de la UE por temor a tener que pagar la cuenta si otras naciones son menos disciplinadas en lo fiscal.
Para resolver el rompecabezas, otros países podrían tener que plantearse un gran pacto fiscal: aceptar algunos objetivos numéricos de reducción del déficit y la deuda a cambio de la promesa de emitir más deuda de la UE después de 2026. Esto no llegaría a la unión fiscal plena que defienden, entre otros, el expresidente del BCE y ex primer ministro italiano Mario Draghi. Pero podría superar las objeciones de muchos países a ceder el control de la fiscalidad a un organismo supranacional e impulsar los esfuerzos de la UE para luchar contra la amenaza climática.
Un conjunto revisado de normas fiscales es lo mínimo que podría hacer la UE. Para afrontar al doble reto del aumento de la deuda y la creciente necesidad de fondos verdes, Europa necesitará un marco que sea al mismo tiempo más potente y más flexible.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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El pacto fiscal europeo hace la vista gorda con la transición verde
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11.12.2023
El problemático pacto fiscal de la UE, calificado en su día de “estúpido” por el expresidente de la Comisión Romano Prodi, ha llegado a su fecha de caducidad. Los países llevan años ignorándolo alegremente. Y ahora el bloque quiere revisarlo. La propuesta es un paso adelante. Pero con el desafío climático a punto de poner a prueba las finanzas públicas, el debate debe pasar rápidamente a más fondos conjuntos de la UE.
Hace tiempo que debería haberse reformado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, creado en 1997. Nacido del Tratado de Maastricht de 1992, que allanó el camino al euro, el marco pretende limitar los déficits nacionales al 3% del PIB de cada país y la deuda de los Gobiernos al 60%. Pero las normas fiscales se han incumplido repetidamente, incluso en países supuestamente ahorradores como Alemania, sin mayores consecuencias. La deuda media de la UE ha estado siempre por encima del objetivo del 60%. Ahora está en el 83% del PIB, y por encima del 100% en seis de los 19 miembros de la zona euro.
El marco se volvió inútil cuando la pandemia obligó a las naciones a gastar a lo grande para sostener sus tambaleantes economías, y está congelado hasta finales de 2023.
La propuesta de renovación del pacto fiscal, ahora en discusión, supone una mejora. Mantendría intactos los objetivos originales de déficit y deuda, para evitar un laborioso cambio de tratado. Pero centra el análisis presupuestario en el gasto neto. Este se define como el gasto público menos los pagos de intereses de la deuda y las medidas consideradas extraordinarias, como el aumento de las prestaciones por desempleo en una recesión. Confiar en un único indicador promete más transparencia y coherencia. Pero eliminar de los cálculos los costes de los intereses de la deuda podría dar una ventaja injusta a prestatarios voraces como Italia y Grecia,........
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