El Gobierno estudia penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler

El Gobierno estudia penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler / Europa Press

El Congreso votará la convalidación del decreto que permite prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027. No es perfecto, pero tumbarlo sería un error histórico.

En 2026 vencen más de 630.000 contratos. En 2027, otros tantos. En total, más de 1,2 millones de contratos y hasta 2,7 millones de personas afectadas. La subida media prevista al renovar a precio de mercado es de 1.735 euros al año por hogar. Eso supone 1.100 millones de euros adicionales solo en 2026 y más de 2.000 millones en dos años.

En un país donde el 36,42 % de los inquilinos ya destina más del 30 % de sus ingresos al alquiler, no aprobar el decreto significa empujar a cientos de miles de familias al sobreesfuerzo, la pobreza o el desahucio.

Se ha dicho que el decreto «invade la propiedad privada». No es cierto. No expropia, no congela rentas de por vida y no altera la titularidad. Es una prórroga temporal, excepcional y prevista en la LAU desde hace décadas.

Se ha dicho que «genera inseguridad jurídica». La inseguridad real es dejar 630.000 contratos sin protección. Además, los decretos‑ley tienen plena validez desde su publicación: las prórrogas solicitadas antes del jueves no pueden ser revocadas, aunque el decreto no se convalide. Tumbarlo generaría un limbo legal inmediato.

Se ha dicho que «reduce la oferta». Pero la oferta lleva cayendo desde 2013 por razones estructurales: falta de vivienda protegida, desaparición del crédito convenido, parque público insuficiente. Este decreto afecta a contratos existentes, no a nuevas promociones. No aprobarlo no creará ni una sola vivienda nueva.

Y se ha dicho que «es insuficiente». Y lo es. Pero su insuficiencia no justifica tumbarlo. Justifica aprobarlo ya y negociar un decreto complementario que recupere la protección frente a desahucios con garantías para arrendadores, introduzca avales públicos al pago del alquiler y empiece a reconstruir una política de vivienda basada en oferta y estabilidad.

Ese decreto complementario debe incluir medidas que amplíen consensos. Entre ellas, una propuesta razonable: la opción de compra con apoyo público, no para este decreto, sino para los siguientes. Un modelo voluntario en el que parte de la renta pagada pueda computar como ahorro para la compra futura, con ayudas públicas que beneficien a ambas partes.

Otra medida viable es la desgravación del 100 % del alquiler en IRPF para propietarios que acepten la prórroga o mantengan precios estables. Si se pide un esfuerzo extraordinario, debe haber una compensación extraordinaria.

España ya sabe lo que ocurre cuando se deja caer a las familias: desahucios masivos, ocupación por necesidad y fractura social. Repetir ese error sería irresponsable.

Convalidar el decreto no es ideología. Es responsabilidad institucional. No hacerlo significa detraer más de 1.000 millones de la renta de los hogares, dejar sin protección a 1,6 millones de personas y generar un vacío legal inmediato.

Aprobarlo significa evitar un daño inmediato y abrir el camino a una reforma real.

Cuando se vote no se votará un decreto. Se vota si España evita un incendio o lo deja crecer.

Suscríbete para seguir leyendo

© Información