UGT y CC OO ya han decidido, tras más de 8 años de gobierno «progresista», que la grave crisis de la vivienda requiere de una huelga general para resolverla. Con razón, la CEOE estima que sería una convocatoria ilegal, ya que no tiene una motivación laboral como exige la ley, sino un objetivo político, y no vinculado a ninguna actividad empresarial en concreto. Por lo que las empresas no tienen la responsabilidad de pagar las consecuencias económicas y sociales derivadas del paro general que se pretende realizar. Es tan evidente que la huelga general que pretenden convocar las centrales sindicales tiene una clara intencionalidad política y no laboral, que........

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