Varias preguntas surgen al considerar cómo usan —o deberían usar— niños, niñas y adolescentes el Internet y la Inteligencia Artificial (IA), así como cómo evitar casos, por ejemplo, de adicción a redes, exposición a videos sexuales o incluso el suicidio. Sectores de la población y activistas en estos temas consideran que es una tarea de los países y gobiernos, añadiendo la responsabilidad sobre la creación de contenidos por parte de las grandes corporaciones; éstas, por su parte, voltean la mirada hacia las familias.

En otros artículos ya hemos mencionado los esfuerzos a nivel internacional para acordar una regulación vinculante y global del Internet y de tecnologías de vanguardia como la IA, un proceso con algunos avances, pero aún sujeto a negociaciones complejas en foros multilaterales. La gran tarea se centra en cómo los países enfrentan estos retos a nivel interno, con la creación de decretos, leyes y reglamentos que, con el tiempo, deberán probar su efectividad, así como en el papel de las organizaciones de la sociedad civil que alzan su voz y de los jueces que sientan jurisprudencia con sus decisiones. Australia fue el primer país en establecer, en diciembre de 2025, los 16 años como edad mínima para el uso del Internet; tres meses después ha publicado su primer reporte de seguimiento, donde deja claro que aún falta mucho por hacer. En varios artículos de The Tech Policy Press Global Tracker se indica que otros países están implementando medidas similares, con perspectivas diversas. Gran Bretaña abrió a consulta la edad mínima para el uso de redes sociales, aunque en dos ocasiones se ha propuesto que en su Ley para el Bienestar de Niños y Escuelas se incluya a menores de 16 años como no usuarios de redes, además de restricciones algorítmicas, límites de tiempo en el uso de pantallas y un "toque de queda nocturno". Indonesia tomó medidas similares orientadas a limitar el uso de plataformas como Meta y Google, mientras Austria redujo la edad de acceso a las redes a los 14 años.

Brasil  lanzó una nueva ley con reglas estrictas para la protección de niños y niñas en Internet, conocida como ECA Digital (Estatuto da Criança e do Adolescente adaptado al contexto digital). Tras su aprobación, el gobierno brasileño otorgó a las compañías seis meses para adaptarse a los cambios previstos; se contempla que las plataformas paguen multas de hasta 10 mdd en caso de violación a la norma y, en casos extremos, podrían enfrentar la suspensión de actividades y la expulsión del país si una corte así lo determina. En una segunda parte abordaré las obligaciones para las plataformas a partir de esta nueva legislación en Brasil, que representan un parteaguas en el abordaje de este tema, así como los retos en su implementación y el papel que padres y educadores deberían tener.

POR LUISA H. SOLCHAGA LÓPEZ

© El Heraldo de México