La nefasta relación entre movilidades humanas y la muerte de personas se ha convertido en un mal de nuestro tiempo, que poco se hace por evitar. De suyo, la migración o la búsqueda de asilo en un país ajeno no supone algún riesgo de muerte, incluso en condiciones precarias e irregulares. La probabilidad de morir deriva de la colisión entre la necesidad de movilidad y, enfrente, las políticas de Estado que la excluyen o rechazan abiertamente implementando todo tipo de obstáculos normativos y físicos. Entre más severos los segundos, mayores los riesgos que las personas emprenden, obligadas por factores que les trasciende como son las violencias y crisis sociales, económicas e institucionales. Como es sabido, el crimen organizado se suma como un gran explotador de esa vulnerabilidad humana convirtiéndose también en un riesgo de muerte.

El panorama anterior –que podemos encontrar a lo largo del territorio mexicano, hacia el sur de América y hacia el norte– se añade hoy otro escenario que también constituye un riesgo de muerte para las personas migrantes y refugiadas. Se trata de la detención, de la condición de encierro en espacios hacinados y agresivos, incomunicados, sin intimidad, con mínimas atenciones de salud, con mínimas o nulas posibilidades de defensa jurídica, en un entorno de abandono y pérdida de todo. Me refiero los centros de detención de las autoridades migratorias de Estados Unidos, del ICE en específico (Immigration and Custom........

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