El año 2026 inicia con un panorama preocupante en materia de transparencia y acceso a la información pública en México. La transición derivada de la desaparición de los institutos locales de transparencia y su sustitución por órganos desconcentrados (prevista en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) sigue sin concretarse en la mayoría de las entidades federativas. Esta falta de implementación efectiva ha generado una parálisis en los recursos de inconformidad, confusión institucional y, sobre todo, una afectación directa al ejercicio efectivo de un derecho humano fundamental.

Lo que debía ser un proceso ordenado de armonización normativa y administrativa ha derivado en un mosaico desigual de avances, retrocesos y vacíos legales.

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley General, los estados estaban obligados a adecuar sus constituciones locales, leyes secundarias y estructuras administrativas para crear nuevas autoridades garantes que asumieran plenamente las funciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

No obstante, los plazos establecidos no se cumplieron. En la práctica, la desaparición de los institutos locales se adelantó a la creación y puesta en marcha de los órganos sustitutos. El resultado es un vacío institucional que deja a la ciudadanía sin claridad sobre qué autoridad es competente cuando una dependencia niega información pública.

Algunos institutos continúan sesionando de forma........

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