En los primeros días de marzo, fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses ejecutaron un bombardeo conjunto contra grupos criminales en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia. Es la primera operación de ese tipo tras el lanzamiento del “Escudo de las Américas”. Más que eso, es la primera demostración pública de la estrategia de seguridad hemisférica impulsada por la Casa Blanca: un “laboratorio” operativo.

Dicha estrategia se articula en varios frentes: tecnología de inteligencia para mapear estructuras criminales y seleccionar objetivos, la formalización de una oficina permanente del FBI para cubrir el frente de la procuración de justicia, así como diversos acuerdos en materia de intercepción aérea, control marítimo y financiamiento para capacidades defensivas. El Pentágono ha afirmado que Ecuador está “marcando el paso”.

En noviembre pasado, 61% de los ecuatorianos rechazó en un referéndum la instalación de bases militares extranjeras. Meses después, tropas estadounidenses operan en su territorio ofreciendo asistencia técnica. Este caso ilustra que la presencia militar estadounidense no requiere bases físicas, sino acuerdos.

Con todo, esta cooperación en seguridad se sustenta en una lógica de negociación que beneficia a ambas partes. Ecuador recibe inteligencia, drones, entrenamiento y financiamiento. A cambio, hace de la estrategia el eje central de una política de Estado que incluye instrumentos jurídicos; y, al mismo tiempo, se extiende hacia una agenda compartida en distintas áreas. La presencia estadounidense es legal y está legitimada por un gobierno que definió sus términos y alcances.

En México conocemos ese tipo de colaboración. Durante años, la Iniciativa Mérida funcionó bajo una lógica similar: acuerdos formales, transferencia de capacidades, corresponsabilidad explícita. Después, las tensiones diplomáticas entre gobiernos y la retórica de soberanía nacional dejaron un vacío que abrió espacios a la discrecionalidad y a exigencias en seguridad a cambio de concesiones en otras áreas, como el comercio. Lo que tenemos ahora es una cooperación sin normas pactadas, volátil, expuesta a presiones unilaterales y menos susceptible de evaluar a partir de sus resultados.

Se ha especulado mucho sobre la estrategia hemisférica de Washington contra el crimen organizado. El “modelo Ecuador” ofrece un ejemplo concreto de qué tipo de socio busca EE. UU. en la región, en qué condiciones está dispuesto a transferir recursos y capacidades; y, sobre todo, qué espera a cambio. Debemos prestarle atención porque es el referente que busca replicarse.

En nuestro caso, negociar no significaría abrir la posibilidad de operaciones extranjeras en territorio nacional. Pero sí definir los términos y alcances de la cooperación bilateral en forma propositiva.

México tiene experiencia sustantiva en el diseño de modelos de cooperación estructurados que permiten enfrentar desafíos compartidos, preservar la soberanía y evitar imposiciones. Es tiempo de recuperar nuestra capacidad de negociación para hacer una propuesta con reglas claras y transparentes. En política -nacional o internacional- quien no negocia sus propias condiciones termina aceptando las de alguien más.

CLAUDIA RUIZ MASSIEU 

DIPUTADA FEDERAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO

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