La Constitución contiene las normas fundamentales para establecer el Estado de Derecho; los artículos 39, 40 y 41 son fundamentales para definir el carácter del Estado mexicano. Ahí se define la soberanía popular y el federalismo. La soberanía popular radica en el pueblo, y para su ejercicio, se deposita en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En cuanto a los Estados libres y soberanos, estos se sujetarán a su régimen interno.

La aprobación del presupuesto es uno de los pilares de esta autonomía. A pesar de esto, la iniciativa de marras pretende legislar, modificando los artículos 115 y 116, limitando los presupuestos de los Congresos y el número de sus legisladores; asimismo, limita las regidurías y las sindicaturas de los municipios. En otras palabras, invade la soberanía de estados y municipios y rompe el sistema federal.

Los objetivos propuestos de disminución de gastos y privilegios bien podrían establecerse desde su espacio legislativo natural, que son los congresos estatales; considerando las mayorías que mantiene el partido en el gobierno, estas reformas podrían realizarse sin violentar el régimen federal.

Por otra parte, la iniciativa se refiere a la revocación de mandato, figura de democracia participativa que se establece para castigar la falta de confianza de los electores a un funcionario que no ha cumplido adecuadamente su función pública. Evidentemente, no se trata de una ratificación, como lo manejaba el expresidente López Obrador. Es un derecho ciudadano para destituir gobernantes ineptos; desde luego no es el caso. A pesar de esto, esta iniciativa pretende cambiar las fechas que la Constitución ya establece y dejar abierto el micrófono a la Presidenta para defender su gobierno, que no está amenazado, pero que favorecería electoralmente al partido en el poder. Esta reforma al artículo 35 evidentemente es esquizofrénica e inútil y vulnera el contenido del artículo 134.

Otra parte de la iniciativa se centra en el artículo 134, con el objetivo de poner límites a los sueldos y privilegios de los funcionarios electorales. Esto se podría regular en las leyes que rigen a estos organismos. Es inconsistente.

Finalmente, en el artículo tercero transitorio de la iniciativa, sin ninguna técnica legislativa, se refiere a los presupuestos del Senado de la República, donde también su espacio natural sería que el Senado regulará su propio presupuesto, y no una iniciativa presidencial.

En resumen, se trata de un absurdo galimatías jurídico, que seguramente será aprobado con la participación de los partidos satélites de Morena. El camino del desmantelamiento constitucional avanza, y cada día deja a los mexicanos no en un régimen de derecho, sino en un régimen de capricho.

Lamentablemente, el Derecho Constitucional se ha violentado y lesionado en los últimos años, porque el afán del partido gobernante es construir una hegemonía política imposible de vencer en elecciones acotadas.

La democracia mexicana desde hace tiempo está en riesgo, y más allá de consideraciones ideológicas, este afán reformista nos conduce a un camino empedrado y difícil, donde cada día será más complicada la armonía de la convivencia social.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE DERECHO EN LA UNAM

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