Por: Fernando Zambrano Ortiz

“La autoridad electoral dice que acatará al Poder Judicial, pero lo hace mutilando la información que podría servir para aclarar una de las mayores controversias políticas del Perú reciente. Así no se construye confianza; así se alimenta la sospecha.”

La ONPE ha emitido un comunicado que, lejos de transmitir transparencia, parece confirmar exactamente lo contrario: que sigue actuando con una lógica defensiva, cerrada y políticamente desconfiable frente a una controversia que jamás fue esclarecida de manera convincente ante millones de peruanos.

Durante años, desde la segunda vuelta de 2021, Fuerza Popular exigió acceso al padrón completo y a la documentación que permitiera contrastar identidades, firmas, DNI y huellas de quienes aparecían en actas observadas, cuestionadas o consideradas altamente controvertidas por amplios sectores del país. No se trataba de un capricho. Se trataba de una exigencia elemental de fiscalización frente a un proceso cargado de denuncias, anomalías percibidas y resultados que, para una parte importante de la ciudadanía, nunca terminaron de disipar las dudas.

¿Y qué hizo la ONPE durante todo ese tiempo? Negarse. Resistirse. Blindarse. Cerrar el acceso. No actuó como una institución interesada en despejar cualquier sospecha. Actuó, más bien, como un aparato burocrático empeñado en impedir que se revise a fondo aquello que debía ser revisado.

Ahora, obligada por una decisión del Poder Judicial, la ONPE anuncia que entregará las listas de electores de la segunda vuelta de 2021. Pero lo hace con una maniobra que no puede pasar inadvertida: entregará los padrones sin fotografía, sin firma manuscrita y sin huella dactilar. Es decir, sin los elementos esenciales que permitirían verificar de manera seria la autenticidad de la información y contrastarla con las denuncias formuladas desde entonces.

Eso no es transparencia. Eso es cumplimiento recortado. Eso es obedecer en la forma para vaciar de contenido el mandato en la práctica.

La pregunta es tan simple como demoledora: ¿de qué sirve entregar un padrón si se elimina precisamente la información que permitiría verificar si votaron quienes debían votar, si firmaron quienes debían firmar o si existieron irregularidades en la identificación de electores? La respuesta también es simple: sirve para aparentar apertura, pero no para esclarecer la verdad.

Y ese es el verdadero escándalo. La ONPE pretende presentarse como respetuosa del fallo judicial, cuando en realidad su comunicado revela una voluntad persistente de administrar la información con criterios políticos y no con un genuino compromiso de transparencia. Lo que corresponde a una institución electoral en una democracia no es entregar lo mínimo indispensable para cubrir el expediente. Lo que corresponde es facilitar todo aquello que permita fortalecer la confianza pública, sobre todo después de un proceso electoral tan polarizado y cuestionado como el de 2021.

La conducta de la ONPE no solo deja mal parada a la institución respecto del pasado. También proyecta una sombra peligrosísima sobre el futuro. Porque si frente a una controversia de esta magnitud la respuesta sigue siendo el ocultamiento parcial, la restricción interesada y la opacidad revestida de formalidad, entonces la confianza en el proceso electoral de 2026 empieza a erosionarse antes de que la campaña entre siquiera en su etapa decisiva.

Una autoridad electoral no puede comportarse como si la transparencia fuera una concesión. Mucho menos puede actuar como si la ciudadanía estuviera obligada a creer por decreto en la pulcritud de los procesos. La confianza no se impone. La confianza se gana. Y se gana permitiendo auditar, revisar, contrastar y fiscalizar. Cuando una institución se resiste a ello, lo que genera no es tranquilidad, sino sospecha.

Por eso este comunicado de la ONPE es tan grave. Porque no expresa fortaleza institucional. Expresa miedo al escrutinio. No transmite seguridad democrática. Transmite incomodidad ante la revisión. No demuestra vocación de verdad. Demuestra voluntad de control del daño.

La democracia no se sostiene sobre comunicados redactados para cubrir responsabilidades. Se sostiene sobre instituciones capaces de resistir el examen público más severo. Si la ONPE realmente quisiera cerrar las heridas de 2021 y asegurar legitimidad para 2026, debería ser la primera interesada en que todo se revise hasta donde la ley lo permita y con el máximo nivel de apertura posible. Pero su actitud parece ir en la dirección contraria: conceder lo estrictamente inevitable y retener todo lo que pueda resultar incómodo.

Eso tiene un costo político enorme. Porque cuando la autoridad encargada de garantizar limpieza electoral se mueve entre medias verdades, tecnicismos y restricciones, lo que pone en crisis no es solo su imagen. Pone en crisis la credibilidad del sistema.

El país necesita certezas para 2026, no nuevas razones para dudar. Necesita árbitros confiables, no burócratas atrincherados. Necesita transparencia total, no opacidad administrada. Y necesita, sobre todo, que nunca más una elección deje la sensación de que la verdad quedó atrapada entre expedientes, comunicados y silencios oficiales.

La ONPE todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Pero debe entender algo elemental: cuando una institución electoral entrega información mutilada, no despeja sospechas. Las multiplica.

© Diario de Chimbote