Una comunicación informal circuló entre funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella con una instrucción muy breve: evitar el uso recurrente de la palabra campesinos en las comunicaciones oficiales. El mensaje, revelado por La Silla Vacía, fue enviado por WhatsApp a contratistas de la Agencia Nacional de Tierras y recomendaba usar, en su lugar, expresiones como “productores rurales”. También planteaba evitar el término “reforma agraria” y reemplazarlo por fórmulas como “acceso a tierras” o “formalización”.

No llegó como decreto, ley o resolución firmada. Fue uno de esos mensajes que circulan dentro de la administración pública y que, por su carácter informal, rara vez dejan trazabilidad. Sin embargo, este tipo de orientaciones termina moldeando el lenguaje con el que el Estado nombra —o deja de nombrar— a millones de personas y entra en tensión con los avances alcanzados en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2023.

Lo que podría parecer una simple decisión de estilo tiene implicaciones profundamente políticas: si desaparece el nombre, también puede debilitarse el reconocimiento de una historia, unas demandas colectivas y unos derechos específicos.

La instrucción ocurre, además, en un contexto de centralización de la comunicación gubernamental. Una Directiva Presidencial estableció que ministros,........

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