En el editorial[1] del número 11 de Con-ciencia de clase planteamos las líneas básicas de la posición de CNC frente a las agresiones del imperialismo en un momento histórico en el que la agudización de la crisis del capitalismo multiplica los ataques a diferentes países.Es conocida nuestra línea política que defiende la unidad esencial entre el imperialismo, el sionismo y el fascismo y el derecho incuestionable a la resistencia armada de los pueblos, al tiempo que afirma que en esa lucha – ya sea en Palestina, Líbano, Irán, Rusia, el Sahel o en cualquier lugar del mundo en el que se levantan las armas contra la opresión colonial o de clase –, están presentes los intereses de toda la humanidad.

CNC, en consecuencia, considera prioritario concentrar esfuerzos en la derrota de “nuestros imperialistas”, para lo que trata de colocar en el centro de la lucha de clases en el Estado español la confrontación con el gobierno (que, tenga el color que tenga, representará a la burguesía), el desmantelamiento de las Bases y la salida de la OTAN y de la UE.

Hoy, partiendo del editorial citadohemos creído necesario profundizar en un terreno que divide a las organizaciones de la izquierda. En él se afirma que, partiendo de la lucha prioritaria contra el imperialismo euro-estadounidense, las organizaciones comunistas no pueden ser acríticas con las víctimas del imperialismo, sobre todo porque hay una línea revolucionaria que regenerar. Y esa crítica no persigue dar lecciones a nadie, sino que es imprescindible para la construcción de la línea política revolucionaria y, en definitiva, de la independencia de clase. Propone, además, que esa función crítica es más necesaria cuanto más “similares” puedan parecer los procesos, como por ejemplo el “socialismo del siglo XXI”.

Desde el 3 de enero, CNC ha hecho declaraciones públicas y promovido movilizaciones unitarias contra el ataque militar de EE.UU. a Venezuela, el secuestro del presidente Maduro y de su esposa, y contra el silencio cómplice del gobierno español y del resto de la UE ante la barbarie imperialista.

A medida que se van conociendo tanto los hechos producidos el 3 de enero, como las decisiones que ha tomado – y la ausencia de otras – el gobierno de Delcy Rodríguez en el más de medio año transcurrido desde entonces, exigen una toma de posición al respecto. Y lo requieren por coherencia política y porque toda organización revolucionaria tiene el derecho y el deber de analizar los hechos en sus límites y condicionantes, y de aprender de las victorias y de los fracasos de la lucha de los pueblos por su soberanía y de la clase obrera por su emancipación. Y además, porque al igual que está sucediendo en Bolivia, la clase obrera y el pueblo venezolano no han dicho la última palabra.

Los hechos a partir del 3 de enero.

El presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron secuestrados por la Delta Force, unidad de élite de EE.UU., dentro de Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más importantes del país. El secuestro ocurrió en un escenario de varios meses de amenazas y de cerco naval por parte de Washington sin que se activaran mecanismos de defensa eficaces a gran escala. Defendiéndolos con su vida cayeron varias decenas de militares venezolanos y 32 internacionalistas cubanos.

Los planes de defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana existían, así como los potentes misiles tierra-aire 300, entre otros. Todo fue desactivado y, según testimonios, cuando los milicianos (se decía que había cinco millones armados) se presentaron en su puesto de combate se encontraron con los militares desarmados y fueron enviados a dormir.

A finales de enero ya se publicó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que vulnera flagrantemente la Constitución Bolivariana (CB), como ha sido denunciado[2]. Entre otras cosas esta ley:

 – elimina la obligatoriedad de que el Estado posea la mayoría de las acciones en las empresas mixtas y permite que socios extranjeros ejecuten el control operativo y financiero. El artículo 12 de la CB establece que todos los yacimientos mineros y de hidrocarburos … son de dominio público y por tanto, inalienables e imprescriptibles.

– elimina el requisito de aprobación parlamentaria de los contratos petroleros.  El artº. 150  de la CB  determina que no se  puedan establecer contratos con empresas extranjeras sin la aprobación de la Asamblea Nacional

– permite a las empresas mixtas o privadas pueden comercializar directamente la producción, al tiempo que se eliminan impuestos a la extracción y registro de exportación. Además, las operadoras quedan exentas del Impuesto a los Grandes Patrimonios, tributos municipales/estatales y otras contribuciones.

– suprime el monopolio operativo de Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), permitiendo a la empresa estatal formar contratos directos con el capital privado, vulnerando el artº. 303 que establece que “Por razones de soberanía, económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A. o del ente creado para el manejo de la industria petrolera”.

De la ley escrita se pasó inmediatamente a los hechos. El 29 de enero, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU., emitió un comunicado[3] según el cual esta entidad se hacía cargo de la distribución, venta y cobro de la producción de petróleo venezolano; es decir, el dinero va a cuentas del tesoro de EE.UU. y Venezuela recibe lo que le den. “En cualquier contrato para dichas transacciones con el gobierno venezolano, PdVSA o Entidades de PdVSA........

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