Colombia lleva años aplazando un debate incómodo, pero necesario: ¿hasta dónde llega el derecho a protestar cuando su ejercicio vulnera los derechos de los demás?

La respuesta debería ser sencilla. Protestar es un derecho fundamental y merece todas las garantías. Agredir, destruir, incendiar o paralizar por días una vía no hace parte de ese derecho.

Por eso, considero acertado el proyecto de decreto del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella que busca modificar el Decreto 003 de 2021, mediante el cual se regula la actuación de las autoridades durante las manifestaciones. El texto está en consulta ciudadana hasta el 4 de octubre.

Vale la pena recordar cómo llegamos a ese decreto. En enero de 2021, el gobierno de Iván Duque adoptó este protocolo para cumplir varias órdenes judiciales y establecer con claridad cómo debía actuar la Fuerza Pública durante las protestas, garantizando los derechos de los manifestantes. El problema estuvo en cómo se hizo. Ante la fuerte presión de sectores de izquierda, Duque terminó cediendo y el resultado fue un protocolo excesivamente garantista, incluso con quienes utilizan las marchas para ejercer violencia.

Hay un antecedente judicial que no se puede ignorar. En mayo de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó condenas por terrorismo contra integrantes de la llamada Primera Línea por los disturbios de noviembre de 2019. Estableció sus vínculos con disidencias de las Farc y concluyó que la protesta fue infiltrada para sembrar miedo y........

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