Hay coincidencias que no dicen mucho. Pero cuando las coincidencias se acumulan apuntando en una misma dirección, dejan de ser meros accidentes y comienzan a interpelarnos.

Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental cuando Marruecos normalizó sus relaciones con Israel. Años más tarde, Washington utiliza la cuestión de las islas Malvinas como instrumento de presión sobre el Reino Unido por las resistencias de este último a la hora de acompañar sus aventuras militares. Casi en simultáneo, un comité del Congreso de Estados Unidos empieza a hablar sobre el «futuro estatuto» de Ceuta y Melilla. Mientras tanto, España atraviesa uno de sus enfrentamientos diplomáticos más graves con Washington y con el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Si pensamos en estos hechos de manera aislada, la secuencia admite explicaciones diversas. Observados conjuntamente, sugieren un patrón: las disputas territoriales comienzan a funcionar como moneda de cambio dentro de unas relaciones internacionales cada vez más «transaccionales».

El precedente más claro es Marruecos. En diciembre de 2020, Rabat se incorporó a la arquitectura de normalización árabe-israelí promovida por Donald Trump. Marruecos no fue el único país musulmán que participó en los llamados «Acuerdos de Abraham» —Emiratos Árabes Unidos y Baréin lo precedieron—, pero sí fue el único del Magreb [1]. Su incorporación tuvo, además, una característica decisiva: Estados Unidos acompañó la normalización de relaciones con Israel con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. El 10 de diciembre de 2020, Trump proclamó oficialmente que Washington reconocía como parte de Marruecos la totalidad del territorio saharaui [2].

La importancia del episodio reside en la lógica que revela. Una cuestión vinculada al derecho de autodeterminación de un pueblo que Naciones Unidas continúa considerando pendiente de descolonización quedaba de este modo incorporada a una negociación geopolítica. La fórmula puede expresarse de manera sencilla: normalización con Israel a cambio de una ganancia diplomática territorial. La territorialidad se convierte de este modo en una pieza negociable dentro de una arquitectura regional diseñada por Washington.

España se encontró a partir de entonces ante una correlación de fuerzas desfavorable. Madrid no había reconocido formalmente a la República Árabe Saharaui Democrática, pero durante décadas había sostenido una posición más próxima al principio de autodeterminación promovido por Naciones Unidas. Esa posición cambió sustancialmente en 2022, cuando Pedro Sánchez pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto [3]. El giro llegó después de una prolongada confrontación con Rabat y la crisis de Ceuta de 2021. Para entonces, Marruecos ya había conseguido de la principal potencia occidental algo que llevaba décadas buscando, y lo había conseguido en el marco de su acercamiento estratégico a Israel.

Este antecedente es fundamental porque permite entender lo ocurrido en 2026. La política territorial estadounidense vuelve a adquirir un carácter abiertamente instrumental.

En abril, Reuters reveló un correo interno del Pentágono en el que se estudiaban posibles medidas de castigo contra miembros de la OTAN considerados poco cooperativos con las operaciones estadounidenses en su guerra contra Irán. Entre las opciones aparecían dos particularmente significativas: suspender a España de la Alianza Atlántica y revisar la posición estadounidense respecto de la reclamación británica sobre las Malvinas [4].

El dato modifica el significado político de la cuestión. Malvinas no aparece aquí como un problema histórico que Washington hubiese decidido reconsiderar a partir de una nueva interpretación del colonialismo, la autodeterminación o el derecho internacional, sino como una de las posibles represalias contra aliados que no se comporta como Estados Unidos espera. La controversia territorial se convierte explícitamente en parte de la caja de herramienta de presión de la potencia hegemónica.

Cuatro meses después, el 31 de agosto, Trump confirmó públicamente que estaba revisando la posición estadounidense sobre las islas [5]. La Argentina de Javier Milei se encontraba de ese modo con una oportunidad diplomática extraordinaria. Y no se trataba de cualquier Gobierno argentino: Milei ha hecho de su proximidad personal e ideológica con Trump y de su respaldo al Gobierno de Netanyahu dos de los pilares de su política exterior.

En ese contexto resulta relevante la creciente hostilidad israelí hacia Londres. Las relaciones entre Israel y el Reino Unido atraviesan su peor momento en décadas, después del reconocimiento británico de Palestina, las restricciones sobre exportaciones de armas, la paralización de negociaciones comerciales y las sanciones relacionadas con la política israelí en los territorios ocupados. Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, llegó a calificar al Gobierno británico de «antisemita», «comunista» y «yihadista» y respaldó públicamente la reclamación argentina sobre las Malvinas [6]. Su argumento condensaba de manera casi transparente una concepción de las relaciones internacionales: Argentina es amiga de Israel; Gran Bretaña se ha vuelto hostil.

La coincidencia con la lógica expresada en el documento del Pentágono es sustantiva. En ambos casos, una controversia territorial comienza a ser reinterpretada según una distinción entre aliados confiables y aliados díscolos. El derecho deja de aparecer como marco estable y empieza a adquirir el aspecto de un recurso político cuya interpretación puede variar según el grado de alineamiento.

El caso español permite observar el mismo desplazamiento desde otro ángulo. España reconoció el Estado de Palestina en 2024 y posteriormente consolidó un embargo de armas a Israel [7]. En 2026, además, se negó a permitir que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y Morón para sus ataques contra Irán, lo que obligó a abandonar territorio español a aeronaves estadounidenses implicadas en aquellas operaciones [8].

La respuesta de Washington fue beligerante. El documento del Pentágono mencionado anteriormente llegó a contemplar la suspensión de España de la OTAN. Seis días después apareció otra señal difícil de considerar irrelevante. El 30 de abril de 2026, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes aprobó un informe que, después de reafirmar la histórica alianza entre Estados Unidos y Marruecos y asignarle financiación de seguridad, describía Ceuta y Melilla como ciudades «administradas por España» situadas «en territorio marroquí». El Comité respaldaba además conversaciones entre Rabat y Madrid acerca del «futuro estatuto de Ceuta y Melilla» [9].

El lenguaje merece especial atención. No estamos ante una........

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