Algo se está moviendo en las calles europeas. Y esta vez no son las banderas nacionales, los discursos contra la inmigración o las consignas identitarias las que protagonizan las movilizaciones. Son los estudiantes, los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y quienes se resisten a aceptar que el deterioro de sus condiciones de vida sea inevitable. Francia, Bélgica y, ahora, España están mostrando distintas expresiones de un mismo malestar. Una generación que comienza a organizarse en defensa de sus derechos materiales y unos gobiernos que parecen tener más facilidad para movilizar a sus fuerzas policiales que para ofrecer respuestas políticas.

No estamos ante una suma de protestas inconexas. Lo que comienza a dibujarse es una contestación al debilitamiento del Estado social europeo, precisamente cuando las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales han decidido situar el incremento del gasto militar en el centro de sus prioridades. La contradicción resulta difícil de explicar a quienes llevan años escuchando que no hay recursos para contratar profesores, reducir las listas de espera sanitarias o garantizar el acceso a una vivienda, mientras se anuncian compromisos multimillonarios en defensa que parecen no conocer límites presupuestarios.

En Francia, las movilizaciones de los estudiantes de secundaria han puesto de manifiesto las fracturas de un modelo republicano que presume de igualdad mientras reproduce desigualdades territoriales y sociales. Las demandas de más profesorado, mejores instalaciones y recursos educativos han terminado confluyendo con una crítica más amplia a las políticas presupuestarias y a las prioridades gubernamentales. El conflicto educativo ha dejado de ser exclusivamente educativo para convertirse en una expresión del rechazo a un modelo que exige sacrificios permanentes a los servicios públicos mientras presenta otras partidas como incuestionables.

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