El Consejo de la Judicatura, creado con la reforma constitucional boliviana de 1994, desafortunadamente no ha logrado el fortalecimiento institucional, ni ha resuelto el “cerco económico”, ni la cualificación y jerarquización de los recursos humanos. La Constitución de 2009 ha recortado sus tradicionales atribuciones al simple manejo del régimen disciplinario del Órgano judicial (art. 193). El despojo de la potestad administrativa ha supuesto un verdadero retroceso histórico porque el control administrativo y económico ha vuelto implícitamente al gobierno nacional. Lo correcto era mantener en el presupuesto general de la nación la partida fija del 3% del total de la torta, como se había establecido en el decreto Ley 07180 de 23 de mayo de 1965, y posteriormente en la LOJ de 18 de febrero de 1993.

El fraccionamiento y división interna de la cúpula del poder judicial entre el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, y la Dirección Administrativa y Financiera, figura como uno de los principales problemas institucionales que ha torpedeado la toma de decisiones unificadas y el establecimiento de políticas judiciales claras que permitan su fortalecimiento e........

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