Durante la gestión 2025, el valor de la actividad minera en Bolivia ascendió a 7.941 millones de dólares; una cifra que, aunque nominalmente superior a los 5.730 millones del periodo previo, resulta engañosa. Este crecimiento responde estrictamente a la coyuntura de cotizaciones elevadas en los mercados internacionales y encubre un estancamiento operativo alarmante, definido por la incapacidad de incrementar los volúmenes de extracción en minerales estratégicos como zinc, estaño, antimonio, plomo, wólfram, cobre y ulexita.

 Pese a la retórica de diversificación económica sostenida por los gobiernos del MAS, la minería persiste como la columna vertebral de la economía boliviana, concentrando más del 55% del valor de las exportaciones. No obstante, esta bonanza ficticia, inflada por precios externos, disfraza una crisis estructural profunda. 

Nuestra minería nacional se encuentra en fase de agotamiento; sin la implementación de reformas estructurales y urgentes, el sector se precipita hacia una desarticulación definitiva, siguiendo el camino terminal que hoy se registra en la industria hidrocarburífera.

Luego de reiterados aplazamientos y un manejo de la metodología condicionado a la satisfacción de las demandas del sector cooperativo, el Ejecutivo fracasó en la ejecución de la prometida Cumbre Minera. Lo que debía ser un debate para contar con los cimientos de una nueva ley minera, la actualización normativa y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para atraer inversiones, terminó degradado a simples diálogos bilaterales con los operadores mineros.

Mientras los actores cooperativistas —tradicionales y auríferos— se enredan en sus propios pactos, la tragedia de nuestra minería se perpetúa sin señales de una transformación que logre superar el "estado tranca" institucional minero.

El núcleo del conflicto reside en una concepción estatal históricamente rentista, la cual degrada la actividad minera a un mero botín destinado a la obtención inmediata de divisas. Bajo esta lógica, se ha postergado de manera sistemática la necesidad imperativa de forjar excedentes duraderos a través del procesamiento industrial y la incorporación de valor agregado a nuestros recursos naturales.

El mayor drama que asfixia a nuestra minería nacional se manifiesta en la exportación incesante de concentrados; un esquema extractivista que no es más que la transferencia directa de nuestra riqueza bruta hacia mercados externos, despojándonos de cualquier posibilidad de beneficio industrial soberano.

La realidad del zinc ilustra de forma cruda esta distorsión: hoy, el país exporta más del 99,4% de su extracción bruta anual. Así, Bolivia alimenta complejos metalúrgicos extranjeros que capitalizan el empleo y el valor agregado, mientras los productores locales absorben los descuentos y........

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