La Constitución Política de Colombia no concibe al Presidente de la República como jefe de una facción, de una militancia o de la mitad del país. Quien resulta elegido presidente adquiere el deber superior de gobernar para todos los colombianos, sin distingo de origen político, ideológico, social o regional. Esa es la esencia del mandato democrático: ganar una elección no autoriza a apropiarse del Estado ni a convertir la Presidencia en una plataforma de combate electoral permanente.

Gustavo Petro, desde el inicio de su gobierno, ha demostrado exactamente lo contrario, posición que ha intensificado ahora en su fase final. Su mandato no ha sido el de un presidente dedicado a unir a la Nación, sino el de un dirigente empeñado en mantener viva la confrontación, dividir al país entre amigos y enemigos, ricos y pobres, empresarios y desempleados, indígenas y población civil, entre otros, para convertirse en un presidente faccioso. Esa forma de ejercer el poder totalitaria ya era grave durante el gobierno; pero se vuelve mucho más delicada cuando el país entra en la recta definitiva de la sucesión presidencial.

Colombia se prepara para elegir nuevo presidente en primera vuelta el próximo 31 de mayo y, de ser necesario, en segunda vuelta el 21 de junio. En ese contexto, el Presidente de la República tiene un deber reforzado de neutralidad, prudencia institucional e........

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