Bolivia tiene una relación paradójica con las normas. Pocos países producen tantas reglas jurídicas como el nuestro, y pocos al mismo tiempo muestran semejantes dificultades para hacerlas cumplir de manera sostenida.

Y es que somos una sociedad profundamente legalista. Queremos refundar el país mediante decretos, transformar la economía mediante leyes y solucionar conflictos mediante resoluciones ministeriales.

El resultado es una hipertrofia legislativa: miles de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, disposiciones administrativas, sentencias constitucionales, y un universo todavía más amplio de normas departamentales y municipales.

No existe política, calidad ni orden legislativo. Gran parte de la producción de la Asamblea se destina a asuntos absurdos como la transferencia de terrenos municipales o declaratorias de días festivos.

Aunque el volumen producido es gigantesco, no se cuenta con un repositorio completo, actualizado y de acceso público que compile la totalidad del ordenamiento jurídico vigente.

Sin embargo, el mayor problema es la fragilidad intrínseca del sistema. En Bolivia, incluso las disposiciones más importantes nacen bajo sospecha, sobreviven bajo presión y pueden desaparecer antes de........

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