La polémica de los buggies en Lanzarote ha entrado en una nueva fase. La empresa H2O Sports Lanzarote denuncia amenazas contra sus trabajadores y turistas, acusa al Ayuntamiento de Teguise y al Cabildo de no regular las rutas y reclama una solución que permita desarrollar su actividad con garantías. Sin embargo, reducir el conflicto a una empresa que pide protección frente a unas administraciones supuestamente inactivas dejaría fuera una parte esencial del problema: qué está haciendo la propia compañía, con qué autorizaciones opera y hasta dónde llegan sus derechos cuando sus vehículos transitan por caminos rurales y espacios naturales. 

La cuestión exige una mirada crítica en todas las direcciones. Las amenazas, si se confirman, deben investigarse y perseguirse. La demora de las administraciones merece explicaciones. Y la actividad empresarial debe someterse a las mismas exigencias legales que cualquier otra. Ninguna de estas cuestiones anula las demás. 

Las amenazas denunciadas no pueden justificarlo todo 

H2O Sports Lanzarote asegura que sus trabajadores y turistas han sufrido amenazas de muerte, insultos, intentos de atropello y sabotajes mediante la colocación de piedras, troncos y objetos punzantes en las pistas. También sostiene que existe una campaña de acoso contra la empresa y que más de cincuenta familias dependen de su actividad. 

Son acusaciones graves que requieren una investigación rigurosa. Si existen amenazas, daños intencionados o actuaciones que ponen en peligro a trabajadores y visitantes, corresponde a las fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Ningún desacuerdo sobre el turismo, el uso de los caminos o la conservación del paisaje justifica la violencia. 

Pero hay una segunda exigencia de rigor: la denuncia empresarial no demuestra por sí sola quién cometió esos hechos, si existe una campaña coordinada ni cuál sería su motivación. Es necesario distinguir entre lo que la compañía afirma y aquello que puede acreditarse mediante denuncias, testimonios, grabaciones, informes policiales o resoluciones judiciales. 

La misma cautela debe aplicarse a la empresa. Denunciar amenazas no convierte automáticamente en legítimas todas sus actuaciones ni resuelve las dudas sobre sus permisos. Ser víctima de un delito, si así se acredita, no exime de cumplir la normativa administrativa, ambiental o de circulación que resulte aplicable. Son cuestiones distintas y deben investigarse por separado. 

Una empresa que también debe rendir cuentas 

El debate no puede construirse únicamente desde la versión de la compañía. H2O Sports Lanzarote tiene derecho a defender su actividad, reclamar seguridad para sus trabajadores y exigir que las instituciones actúen con diligencia. Pero esos derechos no la sitúan por encima de las obligaciones que corresponden a cualquier operador turístico. 

La legalidad no es un argumento que pueda invocarse de manera genérica para cerrar cualquier discusión. Debe demostrarse con documentación vigente y referida a la actividad concreta que se desarrolla: autorizaciones, itinerarios, condiciones de circulación, seguros y demás requisitos exigibles. 

La información publicada por La Voz de Lanzarote el 11 de septiembre de 2026 sobre una sanción de 1.000 euros resulta especialmente relevante. La medida se impuso después de que una excursión de seis buggies fuera sorprendida circulando fuera de las carreteras, caminos o pistas autorizadas en el barranco de Las Piletas, en Guatiza, dentro de un espacio clasificado como suelo rústico de protección paisajística. La sanción quedó en 600 euros tras la reducción aplicada por pronto pago. 

Este antecedente acredita una actuación sancionadora concreta, no una declaración general de ilegalidad de todas las rutas ni de todas las empresas del sector. Pero impide ignorar que el conflicto también tiene una dimensión de cumplimiento normativo y protección del territorio. 

Si una excursión abandona un itinerario permitido y circula por terrenos no habilitados, la existencia de un negocio, el empleo que genera o la satisfacción de sus clientes no convierte esa conducta en aceptable. Y si una empresa considera que una restricción es injustificada, dispone de vías administrativas y judiciales para impugnarla. 

La pregunta pertinente, por tanto, no es solo qué hacen las administraciones para regular el sector, sino también qué documentación puede presentar cada empresa, qué condiciones cumple y qué medidas adopta........

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