En los últimos cuatro años se han afectado progresivamente la estructura institucional del Estado de derecho, la independencia y autonomía de los poderes públicos y la legalidad internacional de diversos actos del Estado peruano. Se ha debilitado la posición jurídica internacional del Perú y se han erosionado las bases de una política exterior de Estado, sustentada en el respeto del derecho internacional, la Constitución y los intereses permanentes de la Nación.

Este proceso ha deteriorado significativamente la imagen internacional del país. El Democracy Index 2025, elaborado por The Economist Intelligence Unit, mantiene al Perú clasificado como un régimen híbrido, categoría que, en la metodología del índice, se sitúa entre las democracias defectuosas y los regímenes autoritarios.

El deterioro institucional también ha comprometido la observancia de los estándares establecidos por la Carta Democrática Interamericana. Sus disposiciones conciben la democracia no únicamente como la celebración periódica de elecciones libres, sino como un sistema político sustentado en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Al iniciarse un nuevo período gubernamental, cualquiera que sea la orientación política de la administración que asume el poder, resulta indispensable preservar y recuperar los elementos esenciales de una política exterior de Estado. Todo gobierno tiene el derecho de imprimir a la acción internacional los énfasis que correspondan a sus convicciones y prioridades; sin embargo, por su propia naturaleza, la política exterior debe trascender las definiciones partidarias y orientarse por objetivos nacionales permanentes básicos, sustentados en la Constitución, el derecho internacional y los........

© La República