Contundente —y clarísima— ha sido la defensa de la independencia judicial formulada por Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, en el Día del Juez y la Jueza. Y que conste que no se trata de una cuestión “corporativa” ni de una disputa de protagonismos entre poderes del Estado. Lo que está en juego es algo bastante más fundamental: si en el Perú los jueces pueden decidir de acuerdo con la Constitución, la ley y las obligaciones internacionales del Estado, o si deben hacerlo bajo la amenaza de ser denunciados, sancionados o destituidos cuando sus resoluciones incomodan al poder político.

La cuestión adquiere especial gravedad en un contexto internacional en el que se multiplican las tendencias autoritarias, las redes transnacionales de crimen organizado y los mecanismos de captura o debilitamiento de las instituciones. Una justicia sometida “es lo que toca” en esos casos. Por eso, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces: es una garantía. Un derecho fundamental de los ciudadanos. Sin jueces independientes, los derechos pueden seguir existiendo en el papel, pero quedan sin un tercero imparcial capaz de hacerlos valer frente al poder.

Tello ha insistido en esa idea durante su gestión. En julio de 2026 señaló que la independencia judicial y la separación de poderes son asuntos absolutamente vigentes, y el propio Poder Judicial dedicó parte de las actividades por el Día del Juez y la Jueza a la defensa de ella frente al crimen organizado, a la reforma judicial y al examen de los estándares de la Comisión de Venecia. No es, pues, una reacción episódica. Es la respuesta institucional a un problema que se ha vuelto persistente.

En el Perú, una de las expresiones más preocupantes de ese problema han sido los ataques reiterados de Fernando Rospigliosi, como presidente del Congreso, contra magistrados que han adoptado decisiones que él considera contrarias a leyes aprobadas por el Parlamento. El problema no es que un congresista critique una sentencia. En democracia, las resoluciones judiciales pueden y deben ser discutidas. El límite se cruza cuando desde la cúspide de otro poder del Estado se descalifica personalmente a los jueces y, sobre todo, se anuncian procedimientos disciplinarios, denuncias penales o destituciones como consecuencia del contenido de sus decisiones jurisdiccionales.

Las “perlas” de una ofensiva

“Barrer” el sistema judicial. Ese ha sido el ostensible y sostenido objetivo del locuaz —y hasta ahora impune— Rospigliosi. El 30 de enero de 2026, después de que magistrados decidieran no aplicar la Ley 32107 en el caso Cayara, Rospigliosi sostuvo que no bastaba con reformar el sistema judicial y que había que “barrerlo”, reclamando........

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