España se ha convertido en el país del escándalo permanente. Es un escándalo que la sombra de la corrupción cerque a dirigentes socialistas que se erigieron en adalides contra ella y que tuvieron altas responsabilidades en el partido o en el Gobierno. A alguno lo hemos visto desfilar estos días por el banquillo de los acusados. Es un escándalo que todo un fiscal general del Estado haya sido condenado por delinquir, y también lo es que responsables políticos que alardeaban de feminismo se dedicaran a encubrir a abusadores o a justificar los fallos en los sistemas de protección de las mujeres maltratadas. Es asimismo un escándalo que después de la masacre fiscal a la que han sido sometidos los ciudadanos todo funcione mal o muy mal. El apagón desatado tras una apuesta irracional por las renovables fue un ejemplo de esta deficiente gestión, fruto del sectarismo y de la inoperancia. También lo es el caso de los trenes y Adamuz, en donde además de negligencias ha habido un intento claro de ocultación de las pruebas del delito con el fin siniestro de eludir responsabilidades. 46 muertos después, los responsables siguen en la poltrona, con el ministro a la cabeza. Tampoco funciona bien el sistema educativo, el sanitario y la atención a la dependencia, en donde 271.556 personas se encuentran en lista de espera para recibir las ayudas. Pagamos más que nunca y el servicio recibido es el peor de siempre, con demoras kilométricas y degradantes para personas necesitadas de cuidados y enfermos. De todo ello y de más cosas se ha hablado mucho, pero no de otro escándalo que deriva de este último y que está vaciando las arcas públicas y lastrando a las empresas: el de las bajas laborales en España. Es cierto que el problema del absentismo injustificado viene de largo, pero también lo es que en los últimos años se ha disparado sin que ninguna autoridad parezca rasgarse por ello las vestiduras. Con las bajas laborales pasa como con todo lo que se encuentra en tierra de nadie: que no hay administración que se encargue y todas se ponen de perfil. Las bajas están a medio camino entre Trabajo y Sanidad, con Hacienda indagando por el exceso de gasto. Están también entre las empresas pagadoras y los representantes de los trabajadores, las mutuas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), los médicos de familia y los inspectores sanitarios, y también implican a las autonomías, siempre temerosas de excederse en las medidas de control. ¿Por qué no se encomienda a las mutuas, en tanto entes adscritos al INSS, un mayor papel en ese control, otorgándoles por ejemplo la prerrogativa de otorgar altas a efectos económicos cuando la situación clínica del trabajador lo permita? ¿Por qué no se utilizan en mayor medida sus recursos, especialmente en el caso de la traumatología, donde cuentan con verdaderos especialistas? ¿Por qué tienen que pagar las empresas el sobrecoste millonario de situaciones que son fruto de una clara infrafinanciación sanitaria, que es la que causa de las demoras para las consultas y las cirugías, y del retraso en los diagnósticos y tratamientos? ¿Por qué no se analizan en profundidad las causas de este fenómeno, que era ya lacerante antes de la pandemia, pero que después de ella ha eclosionado? ¿Por qué prima el contubernio con los sindicatos antes que las acciones decididas para revertir la tendencia?

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