Con la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que encabeza Andrea Marvan, la adquisición propuesta de Movistar México por Melisa Acquisition entra en una nueva etapa. La llegada de un propietario estadounidense desplaza la atención hacia los controles que acompañarían al negocio al cambiar de manos. Ese cambio no convierte un asunto administrativo mexicano del pasado en una violación de la ley estadounidense, pero cambia las implicaciones de cumplimiento para el comprador.

En ese contexto, cobra relevancia el antecedente de prevención de lavado de dinero (PLD) de Pegaso PCS, la sociedad operativa detrás de Movistar México. El 11 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declinó revisar su impugnación contra cinco multas del SAT por 2 millones 235 mil 634 pesos. Las sanciones derivaron de una visita de verificación de 2021, tras su adhesión en 2019 al Programa de Autorregulación.

En 2024, un tribunal federal había rechazado la impugnación y subrayado la obligación de verificar la identidad de clientes mediante documentación oficial. El caso involucró obligaciones de identificación de clientes; no estableció lavado de dinero, vínculos con cárteles, corrupción ni violaciones de sanciones económicas.

Mauricio Kuri, ¿es o se hace?

La relevancia actual está en lo que se corrigió y cómo se comprobó su eficacia. Identificar clientes forma parte del cumplimiento de PLD, pero conocer quién está detrás de una relación comercial también importa para evaluar beneficiarios controladores, pagos a terceros y riesgos de sanciones o corrupción. Para el comprador estadounidense, importa el alcance........

© La Razón