Mientras hay trabajo y el ingreso alcanza para vivir relativamente bien, la corrupción puede parecer un problema distante. Se la condena, pero no siempre se considera una razón suficiente para retirar el respaldo a un gobierno. La prosperidad amortigua el castigo político, aunque el daño siga acumulándose.

La crisis modifica esa percepción. El dinero dilapidado durante la abundancia hace falta cuando llegan las privaciones. Lo que antes podía pasar desapercibido se vuelve intolerable cuando quienes administran el Estado piden nuevos sacrificios, peor aún si se acumulan versiones de despilfarro o apropiación de recursos públicos.

Bolivia atraviesa una situación particularmente delicada. La llamada gasolina basura, las 32 maletas y el intento de sacar del país cerca de 189 kilos de oro siguen reclamando un esclarecimiento completo. A esos asuntos se añaden las denuncias sobre el destino del dinero y los bienes retirados de la vivienda de Sebastián Marset. La existencia de investigaciones y personas procesadas no significa que ya se conozcan todos los hechos ni que se hayan establecido todas las responsabilidades.

Entretanto, aparecen grabaciones atribuidas a personas que se mueven en las altas esferas de la política, incluido el entorno presidencial. Su autenticidad e integridad deben verificarse. Pero lo difundido plantea interrogantes que no se pueden eludir: quién toma las decisiones y qué intereses  están detrás de ellas.

En esas conversaciones se alude a grupos de poder que se disputan nombramientos, negocios y espacios de influencia dentro del Gobierno. Si su contenido se confirma, estaríamos ante algo más que actuaciones........

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