Elecciones limpias, imparciales y transparentes

por CELIZ RAMON MENDOZA 18/10/2026, 12:36 AM

El artículo 150 de la LOPRE exige la publicación de los resultados de la totalización de los escrutinios acta por acta. El CNE está obligado a impedir el uso indebido de bienes públicos en las campañas electorales.

La Constitución de la República de Venezuela del año 1961 establecía en su artículo 110, que: “el voto es un derecho y una función pública, su ejercicio será obligatorio, dentro de los límites y condiciones que establezca la ley”.

“Desde la teoría del derecho público, este enfoque concibe al elector no solo como titular de un derecho, sino como un órgano del Estado encargado de perfeccionar la voluntad popular. Las sanciones (civiles y administrativas) y la caducidad de partidos políticos reforzaban la tutela del sistema democrático como un bien jurídico superior.”

Bajo esta concepción el sufragio poseía una doble acepción: Activa y Pasiva (Elegir y ser Electo),  y estrechamente vinculada a la responsabilidad ciudadana hacia la Función Pública del Estado. La Abstención  era considerada como un comportamiento perjudicial para el sistema democrático naciente , que apenas estaba  saliendo de un sistema dictatorial, esa es la razón de esta concepción que  se hizo obligante  para los electores con derecho al voto, el ordenamiento jurídico imponía sanciones administrativas y civiles a los electores omisivos, tales como limitaciones para tramitar documentos. Viajar o ejercer cargos públicos, incluso se les excluía  del Registro Electoral , y que también le era extensiva a los partidos políticos. Esta obligación de participar en los procesos electorales consideraba determinantemente a la abstención como un modo negativo para el nuevo sistema instaurado, el Estado los sancionaba por no cumplir con su obligación de atender como ciudadano la Función Pública ,a la cual todos estamos obligados a participar ; uno de los casos más emblemáticos fue la elección de Marcos Pérez Jiménez, el cual fue elegido por ser uno de los más votados en esa elección como candidato del partido político CRUZADA CIVICA NACIONALISTA al cargo de senador del Congreso de la República en la elección  de 1968 y no fue proclamado por no haber ejercido el voto, en virtud que el estaba exiliado.

En cuanto a los partidos políticos, se les sanciona con su cancelación, por dejar de participar en dos procesos electorales consecutivos o por no obtener una votación superior al 1% de los electores, los obligaban a recoger firmas nuevamente para su vigencia; de lo contrario también eran objeto de cancelación como organización política. Es de hacer notar, que a pesar de estar vigente esta obligación hasta la entrada de la nueva Constitución, las referidas sanciones fueron perdiendo paulatinamente su eficacia, por cuanto ya estas no se ejecutaban por la actitud pasiva del organismo electoral, lo cual trajo como consecuencia, que los electores al no ser sancionados, asumieron abstenerse de participar, con la cual comienza a crecer la brecha de la población electoral abstencionista, creciendo la abstención de manera progresiva al punto que en algunos procesos supera altamente a los que ejercieron su voto en esos proceso electorales y así se demuestra con los cuadros estadísticos de los resultados electorales presentados por el CNE de los  distintos procesos electorales, acaecidos en el país entre los años 1963 y 2021.

Conviene destacar, que la referida Constitución a pesar de considerar la obligación del voto, la nueva Constitución tiene la misma concepción de garantizar las condiciones necesarias para su ejercicio, como son: el secreto del voto, libre, voluntario y Universal, salvo su obligatoriedad. Otro aspecto, importante a considerar, es la  consecuencia de los resultados de esos procesos, en relación a la concurrencia de los electores, puesto que el deber del ejercicio   del voto, y con las ejecuciones de las sanciones a los abstencionistas, permitió bajar en los pocos años en que se les aplicaba las referidas sanciones, los índices de abstención y se podría argumentar, como una supuesta crítica, que, al considerarlo como un deber su ejecución, el voto ya no se hacía por voluntad libre del elector, es decir, porque estába sujeta a las referidas sanciones; ante ese argumento, por el contrario, en nuestea opinión, dicha crítica no se ajustaría adecuadamente al verdadero propósito del constituyente, en virtud, que su esencia o motivación se inspiró en la institución de la Función Pública del Estado, el cual establece que todos estamos obligados actuar en beneficio de su soberanía, y con esa manifestación del voto, garantizar que nuestro país siempre sea democrático, representativo, responsable y alternativo; y como corolario a esta afirmación, se le  justifica aún más su obligación, puesto que no debe prelar el principio de lo particular por encima de lo general y que, para defender nuestra soberanía, esta reside en el pueblo y se ejerce mediante el  Sufragio por los órganos del Poder Público (Artículos 3 y 4) hoy con la nueva Constitución artículo 5to.

 Imaginemos que por circunstancias extremas que afecten nuestra soberanía, no acudiremos a defenderla porque ya el sufragio no es obligatorio,? ¿qué pasaría?, pregunta esta que debe ser motivo de reflexión. En mi opinión, el Constituyente tuvo la visión certera para evitar que estas   circunstancias se pudieran presentar, de ahí su justificación.

Estos principios constitucionales fueron las razones que tuvo el constituyente de esa época para  concebirlo, en pocas palabras, como la FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, es decir, puso en cabeza de sus conciudadanos la obligación del ejercicio de este derecho como un mecanismo de  defensa de la nación y de nuestro sistema democrático, lejos de entenderse como un término de  represión o de la  coacción para el ejercicio al voto y no, como el deber ser de todos los venezolanos de luchar, defender y resguardar nuestro sentimiento patrio y desde luego   la soberanía, puesto que el país venía de salir de un sistema dictatorial sin precedente, y que bastante le costó lograr salir de él, para instaurar un sistema de libertad como así lo prevé nuestra Constitución como sostén de la Democracia.

Pues bien, esta concepción se mantuvo así hasta el año 1998, con la entrada en vigencia de una nueva Constitución, de cuya reforma se desprende que algunos artículos se suprimieron o derogaron  los referidos principios, vale decir, que nuestro derecho al voto, así como el término de la Función Pública, como un pilar que sostiene nuestros derechos políticos , ya no tiene la misma trascendencia y, con ello, nuestro sistema ha perdido su verdadera esencia, producto de la inercia de los electores, sin medir las consecuencias nefastas que se producen al no acudir para ejercer su derecho al voto, y al no ver su alcance o sus efectos y, con esa actitud pasiva, mantener de un modo incólume, al gobierno de turno, sin alternancia o cambio de los poderes  públicos del Estado, por las razones que se exponen a continuación:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en el año 1998, cuando se  refiere a los derechos políticos, lo expresa de manera diferente a los anteriores principios contenidos en la Constitución derogada, tal y como se desprende de sus Artículos 62 y 63 .

De los referidos artículos se desprende que el sufragio sigue siendo un Derecho, pero su ejercicio ya no es obligatorio.

La Carta Magna de 1999 (arts. 62 y 63) transformó el sufragio en un derecho  estrictamente voluntario y sustituyó «función pública del Estado» por la participación en «asuntos públicos». Jurídicamente, si el Estado garantiza la libertad absoluta de no votar sin consecuencia alguna, en la práctica equipara la abstención a un «derecho de omisión».

​Sin embargo, desde una estricta técnica jurídica y de la Doctrina:

“La abstención no es un «derecho fundamental» autónomo, sino un hecho jurídico negativo (un no hacer) derivado de la libertad de configuración de la voluntad del elector. La incoherencia surge cuando esta libertad omisiva destruye la eficacia de la institución procesal (el comicio) y erosiona el principio de representatividad constitucional (artículo 5 CRBV).

La omisión del acto de votar se convirtió en una conducta atípica e impune, otorgando amparo implícito a la abstención. Puesto que, si ya no tiene sanción alguna el elector por no votar, entonces se podría decir, que la Abstención también es tutelada por el Estado,  y por consiguiente al concebirlo así, podríamos inferir que, desde la vigente Constitución, se instituyó la abstención como un hecho negativo impune, que paradójicamente afecta el derecho al sufragio en los procesos electorales; en consecuencia, el ejercicio del voto pierde su importancia o relevancia y en las elecciones , cualquiera sea su naturaleza  y la  Abstención viene superando en número al ejercicio del voto.

Desde que entró en vigencia nuestra Constitución todos los procesos electorales, que se han  efectuado, están afectados paradójicamente de este supuesto derecho de la Abstención, el cual  de seguir esa tendencia, pudiera ocurrir el caso que tendríamos que  elegir candidatos con unas votaciones pírricas no representativas con relación al número establecido en la Data de los electores registrados para ejercer el derecho al sufragio, y de todo el universo de ciudadanos del país, en virtud, que el número de los que se abstuvieron supera, mayoritariamente, al número de los........

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