En el léxico de la ética pública, el conflicto de intereses no es una falta menor ni una mera coincidencia de apellidos en la nómina; es la confrontación entre el deber público y los intereses privados o afectivos de un funcionario.

Ocurre cuando una persona con poder de decisión tiene vínculos —ya sean familiares, económicos o políticos— que podrían nublar su imparcialidad. En una democracia sana, el servicio público exige que la mujer del César no sólo sea honesta, sino que también lo parezca. Sin embargo, en la arquitectura actual del Estado mexicano, esa apariencia se ha resquebrajado para dar paso a un ecosistema de lealtades compartidas.

El caso de la ministra Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia es un síntoma de una enfermedad más profunda. Cuando la........

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