Una pensión es una promesa de largo plazo. Es el compromiso que asumen el Estado y la sociedad de proteger a los trabajadores cuando termina su vida laboral. Por eso, una reforma pensional no debe evaluarse únicamente por los beneficios que anuncia, sino por su capacidad real para cumplirlos durante las próximas décadas.

Colombia necesita ampliar la protección de sus adultos mayores. Millones de personas llegan a la vejez sin una pensión porque trabajaron en la informalidad, tuvieron ingresos inestables o no consiguieron completar las semanas exigidas. Esa realidad demanda una respuesta social. Pero ampliar la cobertura sin garantizar su financiación puede convertir una aspiración legítima en una promesa insostenible.

Las dificultades actuales de Colpensiones demuestran que este riesgo no pertenece a un futuro remoto. La entidad necesita recursos adicionales para pagar las mesadas de noviembre y diciembre de 2026. El Ministerio del Trabajo ha hablado de un faltante cercano a cinco billones de pesos; la Contraloría lo estima en 4,2 billones, mientras ANIF calcula en 3,2 billones el impacto atribuible específicamente al aumento del salario mínimo.

Estas cifras no necesariamente se contradicen, porque no parecen medir exactamente lo mismo. Los 3,2 billones estimados por ANIF corresponden al efecto del salario mínimo, mientras que los cálculos del Ministerio y de la Contraloría podrían incluir otras necesidades presupuestales y de caja. Lo preocupante es que el país todavía no dispone de una conciliación pública que explique cuánto falta, por qué falta y de dónde saldrán los recursos.

La magnitud del problema se entiende al examinar la nómina de Colpensiones. A julio de 2026, 1,18 millones de sus pensionados —el 60,8 % del total— recibían una mesada equivalente a un salario mínimo. Este grupo representa una nómina mensual cercana a 2,1 billones de pesos. Por tanto, cualquier incremento del mínimo se traslada automáticamente a una proporción considerable del gasto pensional.

En 2026 se produjo, una diferencia excepcional entre lo presupuestado y lo decretado. El Presupuesto General de la Nación fue elaborado con un supuesto de incremento del salario mínimo del 7,5 %, pero el aumento efectivo fue del 23 %. Al reajuste de quienes........

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