Un año después de la tragedia minera de Cerredo: las sombras siguen acechando al Principado, que encara el final de dos duras investigaciones

Las dudas sobre la gestión regional de las explotaciones mineras están, todavía, muy lejos de disiparse

Una pareja se abraza ante la zona de entrada al tercer piso de la mina de Cerredo la mañana del accidente en que murieron cinco trabajadores y cuatro resultaron heridos. / MIKI LÓPEZ

Tal día como hoy, 29 de marzo, del año pasado, cinco hombres abandonaban el tercer piso de la mina de Cerredo tras una jornada de trabajo sin saber que la siguiente vez que entrasen en ella ya no volverían a ver a sus familias. Ya entonces, aquel viernes, el grisú se filtraba por las paredes de la galería y continuaría haciéndolo durante todo el fin de semana, lenta e inexorablemente, como una muerte invisible. El lunes siguiente, el gas sacudió la mañana.

A lo largo de todo un año, también de manera lenta e inexorable, las dudas sobre la actuación del Principado y el funcionamiento del Servicio de Minas han ido ocupando la atmósfera política en un proceso que aún no ha terminado. En el plazo aproximado de un mes deberá estar listo el informe encargado a la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento de la dirección general; más adelante, la comisión parlamentaria de investigación tendrá que formular sus conclusiones; y, en paralelo, el juzgado de Cangas del Narcea y la Fiscalía siguen adelante con sus pesquisas.

La justicia sitúa en el centro de la causa al empresario minero y al ingeniero de la explotación, a quienes atribuye cinco homicidios imprudentes y delitos contra los trabajadores. Pero queda por ver si la investigación acaba alcanzando también al Principado, al que las familias consideran responsable subsidiario por no haber detectado unos hechos de una gravedad inaudita, impropios de este siglo y más aún de una comunidad con una larga tradición minera.

Aquella mañana del 31 de marzo de 2025, la tragedia se llevó la vida de cinco mineros leoneses: Rubén Souto, Jorge Carro, David Álvarez, Amadeo Castelao e Ibán Radío. La explosión de grisú, y la llamarada que los supervivientes aún recuerdan, no solo segaron cinco vidas: también sacudieron la política asturiana. El relato oficial apresurado de las primeras horas, emitido por un Gobierno conmocionado por una tragedia que parecía de otro tiempo, ha ido resquebrajándose con los meses.

Ya en los días inmediatos al accidente, LA NUEVA ESPAÑA empezó a desvelar informaciones que dibujaban una versión mucho más inquietante que la del primer relato oficial, luego apuntalada por las pesquisas de la Guardia Civil y por las comparecencias en la comisión parlamentaria.

El mismo día en que se celebraba en Villablino el funeral por cuatro de los fallecidos, este periódico reveló que el Principado ya había detectado tres años antes, a raíz de otro accidente mortal, la existencia de extracción ilegal de carbón en Cerredo por parte del mismo empresario. Pese a ello, poco después el Gobierno regional le concedió una nueva licencia en términos similares a la anterior y autorizó además la extracción de 90.000 toneladas de carbón.

Aunque el Ejecutivo sostuvo que le resultaba imposible saber que se trataba del mismo empresario, distintas evidencias —algunas contenidas en los propios documentos oficiales que manejaba la Administración, además de un conocimiento ampliamente extendido en el sector— fueron debilitando esa defensa.

Grietas de la Administración

También este periódico puso al descubierto la existencia de una denuncia ciudadana que no fue tramitada por una cadena de fallos administrativos. Y publicó el contenido de los informes de un guarda de Medio Natural que apuntaban actividad en la explotación meses antes del accidente, en una línea semejante a las advertencias ya emitidas antes del siniestro de 2022.

Un año después, quedan ya pocas dudas sobre lo que ocurría en Cerredo, en el interior de una mina clausurada en el marco del plan de cierre fijado por la Unión Europea. Allí se extraía carbón ilegalmente y se trabajaba en condiciones impropias de cualquier exigencia de seguridad. “El peor de los chamizos”, lo describió cuatro días antes de dimitir la entonces consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, que durante años estuvo al frente de la dirección general de Minas.

Al margen de las responsabilidades penales que dirimirá la justicia, Cerredo no solo destapó una explotación irregular; destapó también las grietas de una Administración que no detectó, no conectó o no reaccionó a tiempo ante avisos que constaban de una u otra forma.

Y no solo eso. El accidente de hace un año empezó también a agrietar la arquitectura jurídica y política con la que el Ejecutivo asturiano había ido dando cobertura a actividades extractivas de carbón, pese al criterio del Gobierno central y de Bruselas en el marco de la descarbonización. Las dudas se extienden a los permisos concedidos y a la propia fórmula jurídica utilizada para amparar actividades extractivas mediante permisos de investigación, unas veces con más consistencia que otras.

El accidente de Cerredo provocó la dimisión de una consejera, la disolución de toda una consejería y la revisión forzosa de la política minera ligada al carbón que el Principado había desarrollado desde 2018.

Pero las derivadas políticas de aquel accidente siguen abiertas. La comisión de investigación parlamentaria, cuyo dictamen está aún en elaboración, apuntará a deficiencias y errores que van más allá del servicio de Minas, sobre el que el informe de la Inspección General de Servicios señalará fallos de funcionamiento, según fuentes consultadas.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, prometió una investigación exhaustiva, "caiga quien caiga", tras el accidente. Él mismo encargó el informe interno que deberá identificar los resquicios por los que se coló en el sistema un empresario que, presuntamente, envió a sus trabajadores a labores para las que no tenía permiso, burló la vigilancia de los inspectores del Principado y, aun así, recibió autorizaciones administrativas que, a la postre, buscaban dar cobertura a la extracción de carbón en una mina clausurada.

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Cuando ya ha transcurrido un año, el Gobierno asturiano se enfrenta al relato incómodo de Cerredo. Aunque el Ejecutivo, con los nuevos responsables del área de Industria, ha ido tratando de poner orden en silencio en el servicio de Minas, la evaluación de la gestión anterior sigue pendiente. Entretanto, con los meses, lenta e inexorablemente, también se ha ido filtrando esa otra sustancia que termina por adueñarse de la atmósfera: la verdad.

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