Jesús María Chamorro, presidente del TSJA: “La situación de los juzgados de Oviedo es frustrante y hace tiempo que no se soporta"
Jesús María Chamorro, presidente del TSJA: “La situación de los juzgados de Oviedo es frustrante y hace tiempo que no se soporta"
"Debería existir un principio de solidaridad entre los diferentes poderes públicos para una solución; el estado de nuestro servicio público es más precario que el de otros"
Jesús María Chamorro, presidente del TSJA: “La situación de los juzgados de Oviedo es frustrante y hace tiempo que no se soporta"
VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez
Jesús María Chamorro González preside el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desde diciembre de 2019 y fue reelegido en 2025 para un segundo mandato. Magistrado de larga trayectoria, llegó a la carrera judicial en 1989, ejerció en Pravia, Cádiz y el País Vasco, y desde 1998 desarrolla su labor en Asturias, donde fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo antes de asumir la Presidencia del alto tribunal asturiano.
—Ha destacado en sus últimas intervenciones la capacidad de resolución de la justicia asturiana. ¿En qué cifras se sustancia esa afirmación?
—Tenemos ahora mismo 153 jueces en Asturias, 89 de ellos mujeres, y con una plantilla más o menos estable hemos resuelto este año 170.000 asuntos, casi un 7% más que el año anterior. Entraron 165.000 asuntos y se resolvieron 170.000. El año anterior habíamos resuelto casi 161.000 y el anterior 143.000. Vamos incrementando tanto el número de asuntos que entran como el número de resoluciones. Estamos hablando de unos 1.100 asuntos por plaza judicial al año, resueltos con sentencia o con auto. Son muchos.
—Asturias es una de las comunidades con mayor litigiosidad. ¿Por qué?
—Es la tercera comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad. Habría que hacer un estudio sobre por qué es así. En España hay mucha litigiosidad y en Asturias también. Una de las razones puede ser que los ciudadanos encuentran en los tribunales una respuesta rápida, eficaz y buena. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación, no acaban de dar el resultado que se pretende. También hay bolsas importantes de litigiosidad: contratación bancaria, cláusulas suelo, tarjetas revolving, asuntos laborales, empleo temporal... Hay mucho conflicto que se pretende resolver por vía judicial. Estos son temas que traen causa en directivas de derecho de la Unión Europea y es necesario mejorar las relaciones o el diálogo entre los tribunales españoles y el Tribunal de Justicia de Europa, de tal forma que haya mayor seguridad jurídica a la hora de resolver este tipo de pleitos. Hay temas como el de las cláusulas suelo o los inerinos que se han resuelto por parte del Tribunal Supremo, y ahora se va a dar un vuelta otra vez al Tribunal Europeo. Pero hay que poner un límite a esta a esta posibilidad de acudir continuamente a la UE. Los tribunales tenemos que generar seguridad jurídica y cuando el Tribunal Supremo dice una cosa, hay que cumplirla. Y si realmente hay un problema de aplicación de derecho de la UE, que haya un mecanismo, un diálogo adecuado o correcto y definitivo para solucionar estos temas.
—¿Es suficiente esa agilidad o haría falta más?
—Con las leyes procesales que tenemos, nuestra capacidad de resolución es difícil de optimizar. La justicia española es muy garantista y eso implica muchos trámites para garantizar el derecho de defensa, el derecho a la prueba y el derecho a formular alegaciones. Eso hace que los procedimientos se alarguen, porque está previsto así por la legislación. Con esos mimbres tenemos una justicia rápida y eficaz. Lo que debería haber es menos litigiosidad. No podemos seguir siempre reclutando más jueces, más funcionarios y más medios sin preguntarnos dónde acaba el sistema. A los juzgados deberían llegar los asuntos que realmente tienen un problema jurídico de fondo. No digo que nadie pierda su derecho a acudir a los tribunales, pero no podemos tener pilotos de caza tripulando avionetas.
—¿Existe riesgo de colapso porque llegan a los juzgados asuntos que podrían resolverse de otra forma?
—Creo que sí. Hay muchos asuntos que podrían tener una solución alternativa. El derecho ayuda a resolver conflictos, pero no es una panacea. También hay otros mecanismos para evitar que los conflictos se produzcan o para solucionarlos después.
—En Gijón, por ejemplo, se han detectado retrasos en algunas sentencias. ¿Hay puntos negros en la justicia asturiana?
—No todos los puntos son blancos. También hay puntos grises y alguno negro. Gijón tiene un peso específico muy grande, es la ciudad más poblada de Asturias y tiene mucha litigiosidad. Además, la distribución competencial de los órganos territoriales no siempre se ajusta a la realidad. Hay asuntos que, siendo de Gijón, van a Oviedo porque la organización es así. La Sección Octava de la Audiencia, con sede en Gijón, también ha tenido vicisitudes en relación con sus componentes, bajas y otras circunstancias que han influido. Pero no deja de ser un punto aislado dentro de una fotografía general que, en Asturias, creo que es francamente buena.
—¿La fase de instrucción se alarga demasiado?
—La instrucción es una fase complicada. Depende muchas veces de la investigación que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dirección del juez y con intervención del fiscal. Hay que hacer instrucciones buenas para que no fracase luego el juicio oral. En determinados delitos, las instrucciones son lentas y difíciles. Ahí tenemos la instrucción del accidente minero de de Cerredo.
—Ya que me saca el tema de Cerredo. ¿Qué le parece ese dictamen de la comisión parlamentaria de investigación? ¿Excede sus límites al señalar responsables políticos y funcionarios?
—No debo tener opinión al respecto.
—¿Cómo ve la posibilidad de profundizar en la figura del fiscal instructor?
—Es una figura que existe en otros Estados de nuestro entorno. En España habría que asegurar e implementar mayores medidas para garantizar la independencia del Ministerio Fiscal en esa fase de instrucción. Pero el sistema actual es plenamente satisfactorio. No invitaría a grandes cambios. Si hay un cambio, bienvenido sea; si no lo hay, creo que está funcionando de forma satisfactoria. Hay una colaboración muy buena entre fiscales y jueces.
Hay muchos asuntos que podrían tener una solución alternativa a un juez;........
