La Procuraduría General de la Nación tiene en la mira la contratación del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) del Huila, que resultó ser una nube de humo sin resultados, reflejando años de improvisación, contratación cuestionable y una alarmante incapacidad institucional para planificar el territorio.

Lo grave no es solo que el Huila no tenga POD en 2026, casi 30 años después de la Ley 388 de 1997. Lo escandaloso es que se contrató, se pagó y, aun así, no existe un resultado útil, legal ni vigente.

El origen de este fracaso tiene nombre propio. El contrato de consultoría No. 1029 de 2019 fue adjudicado en el último año del gobierno de Carlos Julio González Villa al Consorcio POT, con un único proponente, sin competencia real y sin garantías de calidad. No fue un proceso ejemplar, fue un trámite a la medida. El equipo, liderado por Rodrigo Pedroza Medina, carecía incluso de un economista, una omisión imperdonable en el instrumento que debía definir el rumbo de 37 municipios y más de 1,1 millones de huilenses.

El resultado fue previsible. Un diagnóstico elaborado en 2021 que hoy es papel muerto. Un documento que nació vencido, desconectado de la realidad actual y sin capacidad de orientar decisiones. No es solo negligencia técnica, es una falta grave de responsabilidad pública. Peor aún, el componente socioeconómico incluyó textos copiados de otro plan distinto, confirmando que más que planificar el territorio, se buscó cumplir un contrato.

La supervisión, en cabeza del funcionario César Alberto Rozo, tampoco evitó el desastre. El control falló. La vigilancia falló. El Estado falló. Y cuando el Estado falla, el costo lo paga la gente.

Porque mientras el POD se convertía en un contrato inútil, el territorio siguió creciendo sin reglas. Según el Departamento Nacional de Planeación, más del 60% de los municipios colombianos tienen POT desactualizados, y el Huila es ejemplo de ese abandono. Barrios en zonas de riesgo, expansión sin servicios e inversión sin sentido. En Colombia, la mala planificación puede encarecer las obras públicas hasta en un 30%. Ese dinero perdido es el precio de la incompetencia.

Pero este fracaso no terminó en 2019. Continuó en el gobierno de Luis Enrique Dussán, que no entregó resultados, y sigue en la actual administración de Rodrigo Villalba, donde el POD sigue siendo una promesa incumplida. La Asamblea Departamental guardó silencio. Los organismos de control reaccionaron tarde. Y el departamento sigue sin brújula.

Aquí no hubo mala suerte. Hubo politiquería. Se contrató sin rigor, se supervisó sin carácter y se gobernó sin visión.

El llamado “Huila Grande” terminó siendo grande en discursos y diminuto en resultados. Porque un departamento que no se planifica es un territorio que se condena al atraso y la pobreza.

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