Perú: empresario investigado por tráfico ilegal de especies y crimen organizado continúa exportando aletas de tiburones protegidos

A pesar de que fue detenido en flagrancia y enfrenta un proceso penal, el Ministerio de la Producción (Produce) siguió aprobando sus solicitudes de exportación de aletas. Desde la incautación en noviembre de 2025 a junio de 2026, esta empresa, Inversiones Perú Flippers, pudo exportar a Hong Kong más de nueve toneladas de aletas secas de especies protegidas por la CITES.

En noviembre de 2025, Perú fue escenario de una de las mayores operaciones contra el tráfico de vida silvestre en Latinoamérica. Las autoridades peruanas, con apoyo de Estados Unidos, incautaron más de nueve toneladas de aletas secas de tiburón en un inmueble de la provincia constitucional del Callao, uno de los principales puertos pesqueros del país. Para alcanzar esa cantidad de aletas, se estima que unos 9000 tiburones fueron sacrificados.

En la gastronomía asiática, las aletas de tiburón son consideradas un ingrediente de prestigio y son de gran valor. Según las autoridades, lo incautado en el Callao tenía un valor de 11.2 millones de dólares en el mercado negro.

Estas aletas provenían de varias especies amenazadas, muchas de ellas protegidas por el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Por tratarse de especies incluidas en el Apéndice II de la CITES, el comercio internacional de estas especies no está prohibido, pero sí se encuentra estrictamente regulado. Las empresas exportadoras están obligadas a solicitar permisos de exportación ante el Ministerio de la Producción (Produce) —que es la autoridad CITES en Perú— y para ello deben demostrar el origen legal y la trazabilidad exhaustiva de sus productos.

Además, es obligatorio que la especie que se pretenda exportar cuente con un Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP), emitido por el Ministerio del Ambiente tras una evaluación científica que determina si el comercio de esa especie no afecta a la población natural.

“La trazabilidad solo se cumple si todos los pasos se siguen correctamente. Esto incluye los CDT [Certificado de Desembarque del Recurso Tiburón], que desde este año se están llenando de forma digital y son entregados por fiscalizadores del Produce en los puertos, las guías de remisión [documentos oficiales que sirven para acreditar la cadena de custodia, la propiedad y el transporte físico de los productos] y los certificados de procesamiento”, explica Alicia Kuroiwa, bióloga experta en tiburones e investigadora asociada del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia.

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades policiales y fiscales, el principal acusado tras la incautación en el Callao, Juan Roberto Quispe Huamaní, pescador y gerente general de Inversiones Perú Flippers, no mostró documentos que acrediten el origen legal de las aletas.

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La paradoja es que, a pesar de que Quispe Huamaní viene siendo investigado formalmente por presunto tráfico de especies y por supuestamente liderar una organización criminal transnacional, los vacíos burocráticos y la aparente facilidad para falsificar documentos están permitiendo que continúe exportando aletas de tiburones amenazados, tal como lo prueba Mongabay Latam, tras la revisión exhaustiva de las resoluciones de exportación emitidas por el Ministerio de la Producción.

Desde la incautación en el Callao, el Produce le ha autorizado a Quispe Huamaní la exportación de más de nueve toneladas de aletas secas, casi la misma cantidad que le fue incautada en noviembre de 2025. Las aletas corresponden en su mayor parte a tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), una especie considerada En Peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Inmueble de la provincia constitucional del Callao donde fueron encontradas las más de nueve toneladas de aletas. Foto: Embajada de Estados Unidos en Lima

Una de las incautaciones más importantes de Latinoamérica

Para entender la gravedad del caso hay que remontarse al operativo del 10 de noviembre de 2025. Aquel día, la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de la Dirección de Medio Ambiente, intervino a Quispe Huamaní mientras conducía un vehículo que transportaba 112 kilos de aletas frescas de tiburón, sin ningún tipo de documentación que acreditara su procedencia legal.

Ante la flagrancia, la Policía solicitó la intervención del Ministerio Público. Con apoyo de la Tercera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, los agentes inspeccionaron el almacén de la empresa Inversiones Perú Flippers, de la cual Quispe Huamaní es gerente general y único representante legal, y que está ubicada en la provincia constitucional del Callao. Allí encontraron 338 sacos que contenían 9380 kilos de aletas de tiburón.

Durante la intervención, la policía detuvo también a otras dos personas. No obstante, Quispe Huamaní fue sindicado como el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de fauna marina.

Este operativo, considerado uno de los más grandes de Latinoamérica, recibió incluso apoyo internacional. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) y la Sección de Asuntos........

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