[Foto: La Guardia Civil de Guadalajara en el patio de un colegio andaluz vistió de antidisturbios a dos niños.]

Hay un documento que legitima la presencia de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en centros educativos de todo el Estado español, el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. Lo elabora y controla el Ministerio del Interior, sin embargo lo aplican, en la práctica, tanto el Ministerio de Educación como las consejerías autonómicas del ramo. Es una manifestación de la creciente securitización de la vida social, en este caso temprana, en el ámbito educativo. Bajo esta lógica, problemáticas complejas como el acoso escolar, la violencia de género, el consumo de drogas o los conflictos de convivencia son redefinidas como cuestiones de seguridad que requieren la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por eso, con la creciente escalada bélica en los hechos y en los discursos políticos y mediáticos, decenas de agrupaciones de madres y padres junto con docentes por todo el Estado han arrancado una campaña con la que señalar que este desplazamiento conceptual no es neutro: implica priorizar enfoques de vigilancia, control y prevención del riesgo por encima de estrategias pedagógicas, comunitarias o estructurales, transformando parcialmente la naturaleza de la escuela como espacio formativo.

Uno de esos grupos es el Espazo Aberto Antimilitar: "Frente a la extensión del poder policial en el tejido cotidiano, queremos reflexionar sobre las respuestas que estamos ofreciendo desde lo educativo". "En un análisis........

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