En Colombia, el “libre desarrollo de la personalidad” se convirtió en la excusa perfecta para que nadie pueda decir nada, para que ninguna autoridad intervenga y para que cualquier intento de ordenar lo público termine señalado como prohibicionismo, moralismo o mojigatería. Lo que antes era un principio constitucional razonable —la protección de la autonomía individual— hoy se ha llevado al extremo. Tanto, que profesores, padres de familia, policías y alcaldes han perdido autoridad. Nadie puede corregir, advertir o poner límites sin que aparezca alguien a gritar que se están violando derechos. Derechos que, por cierto, se interpretan de manera selectiva.

La reciente decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de tumbar el decreto del alcalde Federico Gutiérrez —que prohibía el consumo y porte de dosis mínima en parques, alrededores de colegios........

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