La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas ha terminado dejando una impresión difícil de resumir en una sola palabra. Durante varios días, representantes de 194 delegaciones, entre ellos 113 jefes de Estado y de Gobierno, ocuparon la tribuna de la organización para hablar de guerras, soberanía, desarrollo, Palestina, Ucrania, Irán, deuda, cambio climático, inteligencia artificial y reforma de las instituciones internacionales. Al cerrar el debate, el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, resumió algunas de las principales preocupaciones expresadas por los Estados: la protección de la población civil, el acceso humanitario, la rendición de cuentas, las soluciones políticas basadas en el derecho internacional y la necesidad de que el Consejo de Seguridad cumpla las responsabilidades que le asigna la Carta. El lema de esta sesión —«Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All»— condensaba precisamente el desafío: recuperar la confianza en una organización cuya autoridad se encuentra sometida a una presión creciente.

Pero detrás de la sucesión de discursos aparece una cuestión más profunda. La Asamblea no ha sido únicamente otro escenario para enumerar los problemas del planeta, sino un espacio donde se ha hecho visible la disputa por las reglas que deben organizar las relaciones internacionales en un mundo que ya no se corresponde con el reparto de poder de 1945. António Guterres advirtió de la profundización de las fracturas internacionales y situó entre los grandes desafíos de nuestro tiempo la guerra y la paz, la desigualdad, el cambio climático y la inteligencia artificial. Lo que está en juego, por tanto, no es solamente si Naciones Unidas funciona mejor o peor, sino quién tiene capacidad para definir qué significan la seguridad, la soberanía, el desarrollo, la legalidad internacional y la cooperación en el siglo XXI.

En «La ONU entre expectativas y realidad», Fabrizio Casari examina la distancia entre los objetivos fundacionales de la organización y los límites que impone la realidad internacional. Y en el articulo, «Las anécdotas de la 81.ª Asamblea General de la ONU en crisis: una semana que retrató el mundo que está cambiando», donde repaso algunos de los episodios más significativos de la semana de alto nivel. Este artículo continúa esa reflexión desde una perspectiva política y económica: más allá de las escenas y los discursos, interesa examinar las relaciones de poder y las contradicciones institucionales que ayudan a explicar la crisis del multilateralismo y las fuerzas que pugnan por definir el orden internacional que está tomando forma.

Una organización nacida en 1945 ante un mundo transformado

La arquitectura institucional creada después de la Segunda Guerra Mundial continúa siendo el marco jurídico fundamental del sistema internacional, pero el mundo que la sostiene ha cambiado profundamente. Las potencias que entonces concentraban gran parte de la capacidad económica, militar y política conservan una influencia extraordinaria, aunque junto a ellas han aparecido nuevos centros de poder económico, tecnológico y demográfico. China ocupa una posición central en la economía mundial; India ha incrementado su peso económico y político; Rusia mantiene una considerable capacidad militar y energética; y numerosos países latinoamericanos, africanos y asiáticos reclaman un mayor margen de decisión. Agrupaciones como BRICS expresan, pese a la heterogeneidad y los intereses diferentes de sus miembros, la búsqueda de mecanismos de cooperación que no dependan exclusivamente de instituciones dominadas históricamente por las potencias occidentales.

La cuestión no consiste simplemente en sustituir un centro de poder por otro, sino en determinar si la transformación de la distribución internacional del poder puede traducirse en instituciones más representativas y en mayores márgenes de decisión para los países que históricamente han tenido menos capacidad para establecer las reglas.

En este debate vuelve a adquirir actualidad la figura de Miguel d’Escoto Brockmann. Durante su presidencia de la Asamblea General, en 2008-2009, el diplomático y sacerdote nicaragüense defendió una democratización profunda de la ONU y cuestionó que el Consejo de Seguridad concentrará una capacidad política desproporcionada respecto de la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembros. Sus propuestas no resolvieron aquella contradicción, pero permiten recordar que la discusión sobre la reforma de la ONU no nació con la crisis actual: lleva décadas vinculada al problema de quién decide en nombre de la comunidad internacional. Para profundizar en este legado, puede consultarse el artículo «Miguel d’Escoto y la reinvención de la ONU: una propuesta sandinista para democratizar el mundo».

La necesidad de reformar la organización no puede separarse de la desigualdad de poder que caracteriza su funcionamiento. La existencia de un Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes dotados de derecho de veto condiciona la respuesta internacional ante numerosas crisis. Mientras tanto, regiones enteras continúan reclamando una representación acorde con su peso demográfico y político. África, cuya exclusión de los puestos permanentes sigue siendo uno de los principales asuntos pendientes, recuerda que la reforma institucional no es una discusión meramente administrativa: también es una disputa por corregir las jerarquías heredadas de un orden mundial anterior.

Soberanía, doble rasero y poder de las grandes potencias

La disputa se hizo particularmente visible en el discurso de Estados Unidos. La Administración Trump presentó ante la Asamblea una concepción de las relaciones internacionales basada en la soberanía nacional, la primacía de los intereses estadounidenses y el rechazo de una mayor transferencia de competencias hacia estructuras internacionales. La propia Casa Blanca resumió la intervención de Donald Trump como una defensa de la fortaleza estadounidense, de sus intereses y de su soberanía. Esa posición puede consultarse en la declaración oficial de la Casa Blanca del 22 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la defensa de la soberanía debe contrastarse con las actuaciones concretas de Washington y con el trato que dispensa a otros países cuando sus decisiones no coinciden con los intereses estadounidenses. Uno de los episodios más significativos fue la denegación o revocación de visados a representantes palestinos, incluido el presidente Mahmud Abás, que impidió su participación presencial en la sede de Naciones Unidas durante la semana de alto nivel. El 17 de septiembre, la Asamblea General aprobó una resolución para permitir que Palestina participara mediante una intervención pregrabada: obtuvo 152 votos a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Paraguay— y cuatro abstenciones —Colombia, Honduras, Panamá y Perú—. La resolución lamentó expresamente la decisión estadounidense. Los detalles figuran en la información oficial de Naciones Unidas sobre la votación.

El episodio muestra una contradicción difícil de ignorar: mientras Washington reivindica su soberanía nacional y cuestiona las limitaciones que........

© Kaos en la red